Uno no se cree que sea una ocurrencia "aislada" del Reino Unido y opta por ser mal pensado y vincular la petición formulada por los comunitarios isleños a la iniciativa -finalmente derogada- por la que, allá por los años 80-90, intentaron imponer a la trágala a los barcos que enarbolaban bandera de otro país, la barroca Merchant Shipping Act que tantos quebraderos de cabeza y gastos produjo a armadoras gallegas mayoritariamente del puerto coruñés.
El Reino Unido, como ya publicó este diario, quiere impedir la pesca de arrastre y palangre pelágico a la flota de Gran Sol que, sin citarla, tiene base en España (gallega en su mayoría).
No escarmentaron con la Merchant Shipping Act y, a la vista del mal resultado obtenido en sus propios tribunales, vuelven a la carga con esa especie de box que disfrazan de reserva marina para hacer prevalecer sus derechos de pesca sobre los de los demás, en este caso de los barcos de Galicia, porque su propuesta a la CE es un nuevo intento de apartar a los gallegos de los caladeros en los que faenan desde hace años.
La medida es la plasmación de una política de tanteo para la apertura de mercados a su flota sabedores, los británicos, de que la carencia de pesca por barcos gallegos en Gran Sol, les abre un mercado que se nutre de las capturas de la flota española. España consume pescado y a Gran Bretaña le sobran cuotas para abastecerlo si la flota española no puede hacerlo.
El sector pesquero español quiere dar respuesta al planteamiento de Reino Unido y demanda del Gobierno informes científicos que evalúen el impacto de la propuesta y que se desmonte el proteccionismo interesado de su política comercial.
En estas estamos. Pero no se ve una gran preocupación, ni del Gobierno ni de la Xunta. La intranquilidad en el sector gallego es grande y habría que dar a éste la satisfacción de comprobar que algo se mueve en este país, más allá de corruptelas y "tú más".
