La deuda viva de A Coruña tras la liquidación de los presupuestos a diciembre de 2012, es decir, lo que el Ayuntamiento debe por préstamos concedidos por las entidades financieras, se incrementó en casi 7 millones de euros respecto al año anterior, según los datos divulgados esta semana por el Ministerio de Hacienda.

El endeudamiento municipal coruñés, que pasó de 72,7 millones a 79,5, es el más alto de las siete ciudades gallegas, aunque equivale al tercero más bajo por habitante entre las grandes urbes de España, las 29 que tienen una población de más de 200.000 habitantes.

A 1 de enero de 2013 el Ayuntamiento de A Coruña tenía pendientes de pago préstamos con bancos, entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor total de 79,5 millones, lo que supone un coste de 323 euros por cada uno de sus 246.146 vecinos, según el censo recogido en el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012. Solo en Bilbao (351.629 habitantes) y en Vigo (297.355) sus residentes pagan menos para abonar la deuda viva de sus concellos, 5,9 y 187 euros por habitante, respectivamente.

A Coruña registra, no obstante, la deuda viva más alta de las ciudades gallegas con casi 80 millones. Le siguen a bastante distancia Santiago (63,8), Vigo (55,7), Ourense (47,8), Lugo (39,5), Ferrol (32,5) y Pontevedra (20,5). La deuda viva a 31 de diciembre de 2012 de cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y de entidades locales se calcula con las operaciones de riesgo en créditos financieros, valores de renta fija, préstamos o créditos transferidos a terceros. Esta estadística no incluye la deuda comercial de las entidades de carácter local, solamente la bancaria. El aspecto más relevante y preocupante de estos datos es el vertiginoso crecimiento de la deuda coruñesa en apenas dos meses, en los que se ha disparado un 10% precisamente en un año clave para salir de la crisis y a pesar de los esfuerzos soportados por los coruñeses en estos últimos tiempos por la obligada política de recorte del gasto municipal.

En noviembre del año pasado, la teniente de alcalde responsable de Hacienda del Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego, preveía cerrar 2012 con una deuda viva municipal de 72 millones, dos más que el ejercicio anterior. A pesar de la subida, eran unas estimaciones optimistas, puesto que el Concello coruñés había solicitado en abril de ese año un crédito especial de siete millones al Gobierno central para pagar facturas atrasadas a proveedores. El encarecimiento de la deuda coruñesa por el préstamo solicitado por el Ejecutivo de María Pita al Instituto de Crédito Oficial se amortiguaba sin embargo en las previsiones de débito del equipo de Negreira para 2012 gracias a la reducción de 3,5 millones en la cantidad adeudada por créditos bancarios, que bajaba de 69 a 65,5 millones. Los siete millones pedidos al ICO daban la suma total de 72 millones con la que se esperaba cerrar el capítulo de deuda en el ejercicio anterior.

¿Qué ha pasado entonces para que la deuda municipal coruñesa se haya disparado en siete millones de euros en apenas dos meses transcurridos desde las previsiones de deuda realizadas por Rosa Gallego? El Ayuntamiento había logrado absorber casi en su totalidad a finales de 2012 el impacto del crédito especial pedido al Gobierno gracias a la política de austeridad y a la reducción de la deuda con los bancos con medidas necesarias pero gravosas para los ciudadanos, entre ellas la subida de impuestos. Pero esos esfuerzos se han ido al traste por culpa de la monumental factura a pagar por las arcas coruñesas por las irregularidades urbanísticas cometidas por el equipo presidido por Francisco Vázquez en la tramitación del polígono de Someso, que una cadena de sentencias judiciales condena a pagar ahora con cargo al bolsillo de los coruñeses.

El propio concejal de Hacienda, Roberto Coira, reconoció que el Gobierno local tuvo que abonar en los últimos compases del año pasado 6 millones de euros en indemnizaciones a los antiguos propietarios de terrenos en Someso que fueron expropiados para la construcción de un campo de fútbol que nunca llegó a realizarse, y a quienes además habrá que pagar este mismo año 2,16 millones más. Es decir, que las desfeitas del exalcalde Vázquez no solo han arruinado los esfuerzos ahorradores de los coruñeses en 2012, sino que se proyectan también como espada de Damocles sobre los de 2013 con otra factura aún pendiente de pago. Por no mencionar las amenazas al erario público coruñés que pueden derivarse del escándalo del edificio Fenosa. Y todo esto precisamente en el momento más sensible de la crisis económica.

Más que una sorpresa, estamos ante la constatación de algo que se veía venir, que se sabía que estaba ahí y que tarde o temprano le estallaría a la ciudad en la cara. Lo verdaderamente sorprendente para los coruñeses es la pasmosa naturalidad con que Negreira ha renunciado no solo a exigir responsabilidades al causante de un quebranto económico de tal cuantía en el bolsillo de todos los vecinos, sino incluso a señalarle por ello. Figura ya en los anales del municipalismo, por ejemplo, el memorable esfuerzo realizado por los populares para evitar nombrarle en un Pleno dedicado, precisamente, a analizar sus tropelías.

Inevitablemente, la sorpresa ha dado paso a una natural y creciente curiosidad entre los coruñeses por saber qué razones ocultas impiden al Gobierno local exigir responsabilidades a los causantes, entre otras muchas cosas, de que la deuda municipal se haya disparo el pasado año un 10% pese a los sacrificios impuestos a todos los vecinos para controlarla. Tras más de dos décadas de maltrato en la oposición, y frente a la apuesta de la ciudad por un verdadero cambio, Negreira y los populares parecen haber encaminado su gestión a hacer bueno el principio lampedusiano de que, en ocasiones, cuando determinados privilegios están en juego, lo mejor es que todo cambie para que todo siga igual.