La Fiscalía como problema

Todos los partidos, en la oposición, consideran que la independencia de la Fiscalía del Estado es un camelo y no se privan de denunciar su subordinación al Ejecutivo de turno. Aclaran entonces que se trata de la Fiscalía del Estado no de un determinado Gobierno y prometen que, una vez en el poder, acabarán con esta práctica, perturbadora de la división de poderes, que da positivo en la prueba del algodón de la baja calidad democrática de un país. Pero, cuando acceden al Gobierno, olvidan críticas y promesas y utilizan a fondo aquella dependencia que denostaban cuando mandaba el otro. Este tipo de actuaciones, repetidas, son de las que más minan la credibilidad de los políticos e incrementan el desprestigio de los partidos. Son todos iguales, dice la gente, y se quiebra la confianza también en instituciones básicas para la vida democrática. Es normal, pues, el convencimiento general de que la Fiscalía, a la hora de la verdad, está al servicio del Gobierno y, por extensión, se mueve en el mismo sentido que el partido que está en el poder. Esta convicción se refuerza al observar que altos dirigentes, implicados o imputados por la Justicia en casos de corrupción, bajo la amenaza de tirar de la manta, reclaman inmunidad práctica y protección de los altos dirigentes del país y de los partidos. Si tal cosa reclaman es que saben que puede hacerse, seguramente tendrán constancia de hechos que lo prueban y, en consecuencia, aplican aquel principio de la lógica: "de facto ad posse, valet ilatio". Los ejemplos de Bárcenas, del lado de la demanda, y de Trillo, con sus manejos del lado de la oferta, son esclarecedores.