Digan lo que digan en sus declaraciones públicas, los partidos políticos gallegos y las nuevas "mareas" ciudadanas trabajan convencidos de que no habrá reforma electoral antes de las municipales de mayo de 2015 o que al menos, si la hay, esa reforma no impedirá que varias fuerzas políticas se pongan de acuerdo de alguna forma para hacerse con las alcaldías y configurar gobiernos locales plurales. Lo negarán si se les pregunta, pero casi nadie tiene un plan B definido para el caso de que Rajoy y el Partido Popular se decidan a cambiar unilateralmente y en lo sustancial las reglas de juego vigentes para la elección de los futuros gestores de los ayuntamientos. No creen que les haga falta.
Lo cierto es que por ahora no hay sobre la mesa una propuesta concreta para esa controvertida reforma. Solo la idea genérica de que gobierne la lista más votada y que por tanto sea alcalde el candidato preferido por los electores, es decir, aquel que reciba el mayor porcentaje de votos en las urnas. No le falta razón a los dirigentes populares cuando sostienen que, si se es sometida a una consulta con la ciudadanía de a pie, tal propuesta lograría un amplísimo respaldo. Sin embargo, hay sectores que, aún considerando el cambio de lo más razonable y deseable, no ven con buenos ojos que se apruebe sin un amplio consenso o se perpetre de prisa y corriendo, a solo unos meses de la convocatoria de las próximas elecciones.
Tanto en Génova 13 como en La Moncloa están aún dándole vueltas a los efectos no deseados de una reforma electoral local de gran calado, especialmente al alcance del voto de castigo que eventualmente podría sufrir el PP como, sobre todo, al efecto movilizador de apoyos ciudadanos para los grupos a los que sobre el papel este cambio normativo perjudicaría de forma más clara. De las conclusiones del análisis sobre los distintos escenarios saldrá, en su caso, el sentido de la iniciativa que defenderá el partido del gobierno, si bien tampoco es descartable que sean los propios fontaneros de Rajoy y Cospedal quienes acaben sugiriendo a sus jefes el aplazamiento de estos cambios para mejor ocasión o que se limiten a cuestiones menores sin llegar a ilegalizar del todo las coaliciones.
En el ámbito gallego, los socialistas de Besteiro piensan que en el fondo la idea de que gobierne el alcaldable más votado puede no perjudicarles tanto como parecería a primera vista. Aunque pierdan cotas de poder o ciertas alcaldías que hoy ostentan en precario, el mecanismo del voto útil tal vez les ayude a reforzar su posición de segunda fuerza. Concentrarían los apoyos del electorado "progresista", evitando el sorpasso de la AGE de Beiras, de Podemos o de alguna de las plataformas de izquierda que se están gestando. Desde una posición pragmática o realista, teniendo en cuenta el clima de cuestionamiento abierto del bipartidismo, ese es el gran objetivo del Pesedegá para el examen de mayo, o el mal menor, según se mire.
A la izquierda del PSOE, especialmente en el terreno del nacionalismo y del llamado rupturismo, hay una gran olla en ebullición de la que es difícil predecir lo que vaya a salir. La sola posibilidad de que una nueva legislación electoral llegue a primar las mayorías concentradas frente a la suma de minorías está provocando movimientos de aproximación con vista a configurar, más que coaliciones, frentes amplios cuya gran incógnita, por ahora, es el papel de las amplias bases con las que parece contar Podemos en Galicia. Hasta muy entrado el mes de octubre no se conocerá la decisión del partido de Pablo Iglesias, si bien sus potenciales compañeros de viaje dan por hecho y asumen que condicionará en gran medida la hoja de ruta.
