El Gobierno local de A Coruña acaba de fracasar en su último intento, por ahora, de lograr un indulto que evite el derribo del edificio Fenosa, una medida que, de tener que llevarse finalmente a cabo, abocaría al Ayuntamiento a la quiebra por las previsiblemente millonarias indemnizaciones que conllevaría. El Tribunal Supremo ni siquiera se paró a considerar los argumentos esgrimidos desde María Pita y se limitó a rechazar el recurso planteado por el Ejecutivo coruñés a la sentencia dictada en julio por los jueces del alto tribunal. O sea, un varapalo judicial sin ambages.

El Supremo confirma definitivamente así su fallo, que ordena el derribo de parte del emblemático inmueble de Fernando Macías, y revoca la anterior sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que consideraba desproporcionado proceder al derribo. El nuevo fallo ha desarbolado jurídicamente la estrategia seguida por el Ayuntamiento, basada en que un derribo parcial del edificio, como se le exige, resultaba imposible en la práctica.

El planteamiento de la imposibilidad da pie al Supremo para acusar a las autoridades coruñesas de mala fe. "Las actuaciones administrativas ilegales no pueden contar con el respaldo de los jueces y tribunales, sometidos exclusivamente al imperio de la ley y no a criterios de oportunidad o de conveniencia coyuntural", concluyen los magistrados. En fin, que estamos ante una sentencia que hace trizas la posición del Gobierno municipal, quien sostenía con imprudente optimismo que su estrategia de imposible derribo era "jurídicamente inatacable".

Contra la providencia del Supremo no cabe ya recurso alguno, por lo que al Gobierno de Negreira solo le queda ahora una puerta a la que llamar, la del Tribunal Constitucional. Una vía con escasas posibilidades de éxito en este caso, según los expertos consultados. Solo permitiría ganar un poco más de tiempo, aunque, eso sí, a costa de nuevos gastos.

Lo que durante años fue la recurrente estrategia para salir momentáneamente del embrollo, con años y administraciones judiciales por delante, se ha convertido ahora en una inquietante cuenta atrás. El tiempo se acaba sin que se conozca cuál es la estrategia a seguir por el Ayuntamiento en esta última hora. Y, lo que resulta aún más incomprensible, sin que se haya movido un dedo desde el Gobierno local para pedir responsabilidades por una actuación ilegal que amenaza con llevar las arcas municipales a la bancarrota.

La génesis del escándalo del edificio Fenosa es un paradigma de la política urbanística vigente durante la era Vázquez. Al igual que ocurrió en el polígono de Someso, con similares consecuencias catastróficas para los bolsillos del contribuyente coruñés, un gobierno municipal da luz verde a actuaciones urbanísticas ilegales que favorecen los intereses particulares de promotores. Alguno de ellos, vinculado incluso con la familia del exalcalde Vázquez en negocios del ladrillo, como es el caso del constructor Antonio Fontenla. Años después, la factura de la desfeita se carga sin sonrojo a los sufridos ciudadanos. En el caso del edificio de Fenosa, el Ejecutivo de Francisco Vázquez lo que hizo fue conceder en 1997 una licencia ilegal a la inmobiliaria Fadesa.

Ante tamaño despropósito, la exigencia de responsabilidades es un ejercicio de mero sentido común. No es solo que se haya actuado vulnerando la legalidad, sino que se ha causado un grave quebranto económico a las arcas municipales, es decir, al bolsillo de todos los coruñeses. Pues bien, sorprendentemente, Negreira se ha convertido desde su llegada a María Pita en el principal escudero de las falcatruadas de Vázquez. En Someso se ha resignado a sacar 40 millones -¡¡¡6.400 millones de las antiguas pesetas!!!- de ese bolsillo de todos los coruñeses sin molestarse en denunciar al culpable, un culpable a quien la propia comisión de investigación municipal señaló directamente como responsable de irregularidades cometidas en Someso. La operación del edificio Fenosa apunta en la misma ruinosa dirección, desgraciadamente. Y ante tal situación la pregunta que no dejan de hacerse los coruñeses es por qué su alcalde tiene ese cerval temor a denunciar las irregularidades de un predecesor, a pesar del quebranto económico que causan a la administración que preside, es decir, a todos los coruñeses.

"Hay que esperar", ha sido hasta ahora el inmutable mantra del Gobierno de Negreira ante el aluvión de peticiones para que emprenda de una vez acciones para depurar responsabilidades. Una permanente dilación del problema denunciada estos días por los arquitectos coruñeses, a través del presidente de la delegación de su colegio profesional, Carlos Pita, que reiteran que ilegalidades como las del edificio Fenosa deben pagarla los responsables, no los ciudadanos. Los arquitectos demandan ante todo de las autoridades municipales transparencia: qué pasó, quién firmó y quién se benefició. Hace unos días, al hilo del último varapalo judicial, el alcalde apunto por primera vez la posibilidad de cambiar de postura y exigir responsabilidades, pero sin ninguna concreción.

El tiempo, sin embargo, se acaba. Y las consecuencias de esta inacción pueden ser devastadoras. La socorrida estrategia de ir de recurso en recurso proyectando el problema hacia delante ya no basta. Las autoridades de la ciudad deben coger el toro por los cuernos y empezar a armarse con un plan realista que permita esquivar los males mayores ante la más que probable obligación de acometer el derribo de parte del edificio y hacer frente a sus graves consecuencias económicas en un futuro nada lejano.

El propio Ayuntamiento las ha estimado en unos cincuenta millones -¡¡¡8.000 millones de las antiguas pesetas!!!-, al sumar indemnizaciones a los propietarios y el coste de reponer la legalidad de viviendas y locales. Si añadimos a esto los cuarenta millones que costarán las indemnizaciones de Someso, tenemos la descomunal medida del coste de dos actuaciones de Vázquez para los bolsillos coruñeses. Esos 90 millones -¡¡¡14.400 millones de las antiguas pesetas!!!- son más del doble del presupuesto de construcción de los túneles de la Marina y O Parrote y de su aparcamiento subterráneo, la mayor inversión en la ciudad en los últimos tiempos, que tardará muchos años en amortizarse.

El Gobierno local no puede seguir siendo el parapeto tras el que se escondan los responsables de semejantes desaguisados, salvo que se quiera abonar el terreno para que prenda el discurso de la casta. El equipo de Negreira sostiene que buena parte de los problemas que lastran a la ciudad son heredados de actuaciones anteriores. Y es cierto. Lo que no acaba de entender es que, al ampararlos, se hace corresponsable de ellos. Y algo aún peor. Que, con la que está cayendo, tender un manto de impunidad sobre tales prácticas propicia el asentamiento en la ciudad de un ambiente insano, irrespirable para la inmensa mayoría de los coruñeses.