El Gobierno local ha decidido aplicarle al escándalo urbanístico de Someso la socorrida máxima de Lampedusa de que en ocasiones es necesario que algo cambie para que todo siga igual. O al menos eso es lo que se desprende de lo ocurrido en las últimas semanas en torno a la que sin duda es ya una de las herencias más escandalosas del exalcalde Francisco Vázquez, que puede costarle a los coruñeses hasta 50 millones de euros.

Y es que el Tribunal de Cuentas acaba de decidir llevar a juicio el caso, que parte de una denuncia del BNG. Para sorpresa de propios y extraños, y pese a lo lesivo que puede resultar para las arcas de la ciudad, el Ejecutivo de Carlos Negreira no era partidario de llevarlo a los tribunales. De hecho hace dos años pidió al Tribunal de Cuentas que lo archivara. Ahora, curiosamente, 15 días antes de que se conociese la resolución del Tribunal, las autoridades de María Pita cambiaron su estrategia y abogaron por mostrarse partidarios de enjuiciar las supuestas anomalías.

Un cambio de postura que resulta, no obstante, más aparente que real, y de ahí la referencia lampedusiana. Porque se pronuncia públicamente a favor de que se enjuicie el caso, sí, y lo hace, además, casi sobre el gong de que el tribunal acuerde tal decisión, pero, al tiempo, Negreira se opone a modificar los acuerdos adoptados en su día por el Ayuntamiento sobre el polémico polígono, modificación que es requisito indispensable para que el proceso judicial que abrirá Cuentas no acabe en papel mojado. De hecho el propio Tribunal, al igual que la Fiscalía, advierten de que tal revocación municipal de los acuerdos es imprescindible legalmente para determinar las responsabilidades contables por las irregularidades cometidas en la gestión de Someso.

Y es que, de no impugnarse aquellos acuerdos, aprobados en 2005 por una corporación presidida por Vázquez, siguen siendo válidos, como ha resaltado el fiscal. De ahí que ya el pasado diciembre el Tribunal de Cuentas pidiese al Ejecutivo de Negreira que los suspendiese para poder actuar en consecuencia y con fundamento. Es decir, que la negativa del Gobierno local a adoptar tal resolución equivale en la práctica a expender un salvoconducto para los responsables de la supuesta irregularidad, por más que de palabra se abogue por su enjuiciamiento.

Someso es el ejemplo paradigmático de las desfeitas urbanísticas de la era Vázquez. Sumando la pérdida patrimonial de 20 millones a las cuantiosas indemnizaciones, muchas aún por pagar, puede llegar a costar esos 50 millones a los bolsillos de los coruñeses. El aluvión de sentencias condenatorias sufridas por el Ayuntamiento por la gestión del polígono motivó en 2012 la creación de una comisión municipal de investigación, en cuyas conclusiones se apunta al exalcalde socialista como responsable. A partir de ahí, inexplicablemente, todo han sido trabas por parte del Gobierno local a la hora de reclamar responsabilidades.

La esquizofrenia de María Pita en esta materia es cada vez más preocupante. Por una parte apela constantemente a la nefasta herencia recibida que le vacía las arcas municipales, mientras por otra se convierte en parapeto contra toda iniciativa que reclame responsabilidades por la descomunal factura dejada como legado a los coruñeses.

El problema no es solo de Negreira. El mismo mal aqueja a la portavoz socialista Mar Barcón, concejala de Urbanismo de Vázquez en la corporación que aprobó las irregulares actuaciones en Someso. La candidata socialista a la Alcaldía es un alma gemela del alcalde en lo tocante a la hoja de ruta sobre el caso. Dice Barcón sí a que se enjuicie, pero no a que se anulen los acuerdos que el propio Tribunal reclama que se anulen para que el juicio no resulte un paripé. Y eso, o precisamente por eso, que Vázquez reniega de ella, políticamente hablando claro está, puesto que pregona a los cuatro vientos que no la votará.

El conchabeo de unos y otros sobre asuntos tan relevantes para la ciudad es acorde al estupor que provoca en los ciudadanos. Porque, desgraciadamente, la ruina que el legado del exalcalde arroja sobre las arcas municipales no se agota con las indemnizaciones millonarias por la gestión de Someso.

El Tribunal Superior de Xustiza dio este pasado lunes un ultimátum al Ayuntamiento para aprobar el derribo parcial del edificio Fenosa, otra losa heredada de la política urbanística de Vázquez que amenaza con más penalizaciones millonarias al erario público coruñés.

En el caso de este emblemático inmueble, nunca se abordó el problema para buscar la mejor solución, sino meramente para ganar tiempo y postergar la sentencia final todos los años posibles. Esa fue la estrategia del avestruz seguida tanto en estos últimos cuatro años por el PP, como por los anteriores ejecutivos del PSOE. O sea, el objetivo es en realidad facilitar otro salvoconducto de impunidad.

Así pues, ya está bien. Quien quiera enarbolar la bandera de la defensa de los intereses de la ciudad de A Coruña debe, inexcusablemente, dar al Tribunal de Cuentas aquello que solicita para poder impartir justicia, es decir, la derogación de los acuerdos municipales de entonces. Lo demás será una burla a todos los coruñeses.