Carlos Negreira ha resuelto finalmente con sensatez el principal dilema que le planteaba la confección de su candidatura a María Pita. El actual alcalde de A Coruña y líder del PP en la ciudad y la provincia ha decido prescindir de su mano derecha, Julio Flores, imputado por corrupción en la operación Pokemon.

Acierta desde luego Negreira en esta decisión, que acabó por adoptar tras largos meses de titubeos y urgido en el momento de la verdad por las encuestas que auguran un escenario de pérdida de la actual mayoría absoluta del PP. La necesidad de despejar el camino a posibles pactos poselectorales es evidente. Y en el momento en que Negreira adopta la decisión el candidato número uno para ese hipotético pacto era sin duda Ciudadanos. Da la casualidad de que la formación de Albert Rivera había advertido de que una condición sine qua non para cualquier pacto es que no figuren imputados en las listas. El propio subsecretario de Organización Municipal de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, lo confirmó a LA OPINIÓN 48 horas antes de conocerse el futuro de Flores. Si a eso le unimos que todos los sondeos otorgan a Ciudadanos en A Coruña un respaldo popular que se materializaría con un mínimo de dos o tres concejales, las opciones de Negreira eran las que eran. La suerte de su mano derecha y número dos estaba, así pues, echada.

Curiosamente, pocas horas después estalló la sorpresa de la más que probable incomparecencia de Ciudadanos a las municipales en A Coruña. La formación de Rivera justifica la decisión en que sus equipos en la ciudad están "trufados", es el término que utilizan, de afines al PP, e insinúan la existencia de connivencias que desvirtuarían la razón de ser de la nueva formación.

La decisión de no presentarse parece firme, aunque aún no es oficial ni definitiva. Es sin duda la más trascendente adoptada hasta ahora en Galicia por Ciudadanos, en tanto en cuanto que tendrá que afrontar la frustración que puede generar en esa amplia base que se le atribuye en A Coruña, su feudo gallego. Cómo será su tirón en la ciudad, que hasta el ínclito Paco Vázquez acudió en su día a la presentación de Rivera y le prometió el voto al menos en las generales.

El tiempo dirá si tal decisión, de consumarse al fin, beneficia o perjudica a los intereses del PP. Su presentación quitaría votos a los populares y, al tiempo, les propiciaría un posible aliado; su ausencia, en cambio, les reduciría la competencia, aunque los dejaría de nuevo solos en el centro derecha. Pero sin duda es siempre mejor no tener rivales disputándole a uno el mismo granero de votos. Para los concellos y para la Diputación. Que se dé también por hecho que Ciudadanos tampoco se presentará en las poblaciones del cinturón de A Coruña puede hacer que más de uno vea maniobras de mucho más alcance que la de los supuestos "trufados". En cualquier caso, y más allá de las conveniencias políticas, serán muchos los ciudadanos -así, con minúscula- que, para bien o para mal, juzgarán en A Coruña a la formación que lleva su nombre por la decisión que finalmente adopte. Vamos, que no resultará inocua.

Al margen de estas consideraciones, si algo viene a confirmar el caso de Flores es la imperiosa necesidad de que los partidos den pasos más decididos en la lucha contra una corrupción, si no quieren agrandar su actual brecha con los ciudadanos. Porque, lamentablemente, no parece que hayamos tocado fondo.

El último de esos escándalos ha vuelto a sumir a España en el descrédito y la vergüenza con la imagen de Rodrigo Rato arrestado por la policía por blanqueo y fraude. La ciénaga llega así nada menos que a todo un exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, es decir, al símbolo por antonomasia de la gestión económica en España en las dos últimas décadas.

La temprana imputación judicial por corrupción de Flores, apenas a los dos años de su llegada al Gobierno de María Pita, proyectó una sombra de duda sobre la Administración municipal coruñesa que, con su continuidad, se mantuvo hasta el último suspiro de la legislatura, cuando una actuación más diligente en esa misma dirección hubiese sido sin duda más eficaz y habría reportado mejores retornos.

Desgraciadamente, la marcha de Flores no supone el fin del caso Pokemon. Y hay que lamentarlo por una doble razón. La primera, porque los coruñeses carecen aún de un veredicto judicial que separe con claridad el grano de la paja, que establezca sin género de dudas cuáles son los delitos cometidos y quiénes sus responsables; la segunda, porque en la medida que el caso se eterniza dilatándose en el tiempo la confusión se acrecienta y con ella el riesgo tanto de aplicar injustas penas de telediario, como se denomina popularmente al escarnio mediático anterior incluso al proceso, como de propalar la sensación de impunidad, de ineficiencia de la Justicia.

Pero, independientemente de lo que la Justicia disponga, las administraciones públicas y los dirigentes políticos tienen la obligación de adoptar cuantas medidas estén a su alcance para atajar la marea de corrupción. No se trata tanto de descubrir y juzgar al delincuente, que también, como de implantar las barreras de control y supervisión necesarias para evitar en la medida de lo posible tales delitos. Los partidos no deberían pasar de soslayo sobre ello en la campaña electoral, como lamentablemente están haciendo. Si algo quieren saber los coruñeses es qué piensan hacer unos y otros para acabar con la lacra de la corrupción.

Así pues, aunque tardía, bien está la decisión de apartar a un imputado de las listas de un partido que aspira a gobernar la ciudad coruñesa. Falta ahora la autocrítica sobre lo sucedido y el anuncio de unas claras medidas de compromiso que imposibiliten en el futuro funcionamientos oscuros en la Administración coruñesa. Ese debería ser uno de los ejes de la campaña electoral ya en marcha.