La Universidade da Coruña lleva semanas envuelta en una confusa y negativa polémica a propósito del calamitoso estado de sus cuentas, situación que desde el Rectorado achacan a una supuesta discriminación en el sistema de financiación que las universidades gallegas acordaron con la Xunta para el periodo 2010-2015.
Sostienen los responsables académicos que a la entidad coruñesa le perjudicó la desaparición como tal del llamado fondo de nivelación, destinado a corregir las diferencias en la financiación entre las tres universidades -de facto la partida se mantuvo con otra denominación, la conocida como fondos "opacos"- y recuerda que ya entonces se abstuvo en la votación, mientras que Santiago y Vigo votaron a favor del nuevo plan.
Esgrimen más argumentos para achacar sus problemas de liquidez, plasmados en el caso del docente al que Conserjería de su centro le devolvió una carta porque no había dinero ni para sellos. Que son la universidad con menos financiación por alumno de España, por ejemplo, o el ser la única de las tres gallegas que carece de residencia pública, con lo que ello supone de desventaja a la hora de competir por la captación de alumnos foráneos. No han estado solos en la denuncia, pues el Consello Social y el propio Ayuntamiento de la ciudad las han respaldado en ocasiones.
El conflicto estalla al decidir la Universidad paralizar temporalmente los gastos corrientes de todas las facultades por falta de liquidez, achacando tal decisión a una supuesta deuda impagada de la Xunta en partidas que la institución académica tenía presupuestadas. En febrero reclamó 2,8 millones a los responsables autonómicos mediante un recurso contencioso-administrativo, y ahora acaba de elevar la cantidad a 8,7 millones de euros.
Lógicamente, en el trasfondo del conflicto está no solo la discrepancia sobre estas cantidades concretas, que también, sino el modelo de financiación universitaria en sí. Y concretamente el que está a punto de aprobarse para los próximos cinco años, o sea, cómo se repartirán los aproximadamente 2.000 millones de euros de dinero público destinados a la enseñanza superior hasta 2020.
En lo que a la disputa actual se refiere, no dicen mucho a favor de los gestores coruñeses el momento elegido, el más importante para la captación de alumnos; las formas empleadas; la judicialización, por cuanto deja en evidencia la incapacidad negociadora; ni la sensación de manejar arbitrariamente las cantidades, por cómo fluctúan los millones. Anunciar unilateralmente las fusiones de cinco facultades y ocho departamentos, en verdad necesaria, para luego, al calor de la polémica, decidir su paralización tampoco ha resultado demasiado aleccionador, la verdad.
El actual modelo de financiación universitario se asienta sobre varios pilares. El mayor es el estructural, que representa el 85% del total y cuyo reparto está basado en criterios históricos (80%) y por objetivos (20%). El 15% restante, es decir, el no estructural, se reparte en un fondo por mejora de la calidad (5%) y otro por resultados (10%). Polémicas aparte, la apuesta de la Xunta por incluir hace cinco años una partida de financiación que respondiese a criterios de resultados y gestión fue un acierto, como reconocieron en otras autonomías, en tanto en cuanto que supone una apuesta por la eficiencia y la excelencia.
Una de las claves del nuevo plan es que la Universidad de Santiago de Compostela, y sobre todo la de Vigo, quieren elevar ese pilar de la financiación basado en criterios de eficiencia al menos hasta el 50%. O sea, la mitad del total de la financiación se repartiría en función de los logros en investigación, inserción laboral, mejora de la enseñanza o la obtención de recursos, tanto de las empresas como de instituciones como la UE, por ejemplo.
A Coruña, en cambio, no incide especialmente en este aspecto, para centrarse en exigir una financiación "suficiente" para todos. Las otras dos reclaman también más financiación, pero con la salvedad de que, haya la que haya, se reparta dando cada vez más peso a los resultados. Y ahí está la clave, puesto que si la partida final se mantiene, lo que aumente por un lado (resultados) será en perjuicio de otro (histórica/estructura).
El problema es que se parte de situaciones bien distintas que habrán de tenerse en cuenta a la hora de negociar el nuevo plan de financiación. La partida "histórica" se reparte 43% (Santiago de Compostela), 30% (Vigo) y 27% (A Coruña) y el propio Consello Social de la Universidad reclamaba hace unos días que en el nuevo plan se arbitren medidas que permitan reducir el déficit histórico que padece la institución coruñesa. Pero lo esencial para el campus coruñés es que no pierda de sus objetivos los criterios de excelencia y eficiencia. Ser la que menos recursos externos aporta de las tres a su presupuesto global o la que más alumnos pierde no son indicadores muy halagüeños.
Y no es que la Universidad de A Coruña haya estado cruzada de brazos ante la crisis, que no lo ha estado. De hecho carece de deuda financiera, mientras que la Universidad de Santiago arrastra una muy abultada. Pero los problemas actuales evidencian que la labor realizada no ha sido cuando menos suficiente. O diligente, si el error ha sido dejar pudrirse la situación hasta el final.
Su compromiso de presentar una propuesta de ajuste al presupuesto del año 2015 y un plan de reequilibrio que le permita recuperar el normal funcionamiento de la institución y evite mayores perjuicios a alumnos y profesores parece ir en la buena dirección. Pero, insistimos, su futuro solo estará garantizado, más allá de esta o aquella pataleta financiera, con una apuesta decidida por criterios que la hagan sostenible. En la financiación y en todo. Y esos criterios no pueden ser otros que la excelencia y la eficiencia.
