Hace ahora siglo y medio, en noviembre de 1858, la Corporación municipal de la ciudad coruñesa solicitaba a la reina Isabel II que devolviese al Ayuntamiento la propiedad del terreno comunal que ocupaba la zona amurallada demolida. Con ese mismo espíritu se acaba de crear una comisión ciudadana, surgida de un debate del Foro Cívico, que pretende evitar la subasta de tres solares de A Maestranza por parte del ministerio de Defensa, prevista para el 27 de abril.

La comisión ha recabado ya en sus dos primeras semanas el apoyo de organizaciones políticas, sindicales, culturales y ciudadanas e instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, el Parlamento gallego, la Universidad o los colegios profesionales y prepara una concentración para el 7 de abril, unas semanas antes de la subasta.

Esta iniciativa cívica viene a sumarse al acuerdo adoptado por el pleno municipal el pasado 8 de marzo, a propuesta de Marea, por el que se exige a Defensa que no se construya en los terrenos de A Maestranza y se anteponga el interés público de una zona esencial para mantener la singularidad urbana de la ciudad.

Defensa sacará a puja estas parcelas por un precio de partida de 24,8 millones. En la última década hubo ya reiterados intentos de venta por el Ministerio, frustrados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ahora, según admite Defensa, varias promotoras inmobiliarias han mostrado interés en los tres solares.

Los compradores podrán levantar en los terrenos, que en los últimos años fueron utilizados como aparcamiento por los vecinos de la Ciudad Vieja, alrededor de 290 viviendas. El Ministerio las adjudicará de forma automática a las propuestas económicas más elevadas y, en caso de que las pujas queden desiertas, rebajará su precio de salida conjunto a 22,34 millones. Si fuese necesaria una tercera subasta, se partirá de 22,11 millones.

Las parcelas de la polémica son resultado del acuerdo de Defensa con el Ayuntamiento en 1984 para la cesión a la ciudad de terrenos que dejaron de tener uso militar a cambio de la recalificación del suelo en otras propiedades del Ministerio en las que logró una buena recaudación, como Zalaeta, el antiguo cuartel de San Amaro y el Hospital Militar.

A cambio, la ciudad obtuvo espacios como el monte de San Pedro o la propia plaza abierta en A Maestranza. Pero no se debe olvidar que esos espacios ya eran públicos, eran propiedad del Estado, que podía haberlos puesto a disposición del Ayuntamiento sin contraprestaciones.

Los portavoces de la plataforma ciudadana contra la venta de los terrenos denuncian que Defensa ha venido actuando en los últimos años en la ciudad de A Coruña como una inmobiliaria. Estiman que las operaciones urbanísticas promovidas en la ciudad en virtud del convenio firmado en 1984 por el alcalde Francisco Vázquez y el ministro Narcís Serra le han reportado ya a Defensa un beneficio de 48 millones de euros. A los que ahora espera sumar al menos otros 24.

Hacen hincapié además en que las parcelas del Campo da Estrada que Defensa sacará a subasta fueron terrenos comunales de la ciudad desde su fundación, hasta que fueron ocupados por las monarquías absolutistas para instalaciones militares.

Y advierten al Ministerio, como también lo ha hecho el Ayuntamiento, de que la aparición de restos arqueológicos de la antigua muralla defensiva de la ciudad en los solares que se planean vender a inmobiliarias requiere la autorización de Patrimonio. Confían en que no se repita lo sucedido en la construcción del aparcamiento de la avenida de Metrosidero hace quince años, cuando una parte de la muralla de la ciudad fue destruida durante las obras.

Por estos terrenos discurría la muralla que se comenzó a construir a comienzos del siglo XVIII. Lo que hoy se conoce como A Maestranza fue durante siglos la frontera de una incipiente ciudad que se protegía del exterior con el recurso defensivo de la época, una fortificación amurallada que iba desde Puerta Real hasta Puerta de Aires y los jardines de A Maestranza.

Defensa subastará estos terrenos con la exclusiva intención de hacer caja, sin el más mínimo debate o estudio sobre las alternativas para que el aprovechamiento de ese suelo público redunde en el mejor beneficio posible para la ciudad en la que se asienta y a la que históricamente pertenece.

En la retina del coruñés permanecen desastres urbanísticos que siguieron idéntico recorrido. Los solares de la fábrica estatal de Tabacos, por ejemplo, que fueron públicos y acabaron en manos privadas mediante un pelotazo que aportó 79 millones a Altadis. Esos emblemáticos solares, destinados cómo no a urbanizaciones, son hoy un ejemplo de abandono, con un parque de 19.000 viviendas vacías.

El Ministerio de Defensa, es decir, el Gobierno, que tiene ya una deuda histórica con A Coruña por el cierre de la fábrica de armas, la única de las factorías de armamento españolas condenada a paralizar por completo su actividad, está aún a tiempo de encontrar una salida razonable y airosa en este conflicto.

Debería de prestar oídos al clamor ciudadano, entre el que se cuenta el propio partido del Gobierno con representación en María Pita, que reclama para esos privilegiados terrenos un destino que sirva para elevar la calidad de vida de los coruñeses y mejorar la imagen de su ciudad.

Y desterrar así la sensación de que su visión sobre el aprovechamiento del patrimonio público se agota en el Monopoly.