El Tribunal Constitucional y la Fiscalía deberían abordar lo sucedido en el Parlamento de Cataluña conforme a la lógica propia de un Estado de Derecho curtido ya en momentos muy duros. El TC, cuyo último Auto de 19 de julio advertía expresamente a la Mesa de las responsabilidades en las que incurriría por incumplir su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados por el propio TC, debería, sin más tardanza, suspender en sus funciones a los integrantes de la Mesa, en aplicación del artículo 92.4,b) de su ley orgánica. Y el Ministerio Fiscal, iniciar acciones contra dichas autoridades en aplicación del artículo 410 del Código Penal, lo mismo que sucedió con Mas y Homs a causa de la consulta prohibida por el TC y, pese a ello, celebrada en noviembre de 2014. Por exigencias del Estado de Derecho y por respeto a sí mismos, el TC y la Fiscalía deberían actuar con prontitud. La ciudadanía no entiende que se atiendan solícitamente y sin estridencias las peticiones de auxilio financiero de la Generalitat y que, en cambio, no se exija el cumplimiento de sus deberes constitucionales con la misma naturalidad y con el rigor con el que se demandan a cualquier ciudadano. Habrá reacciones airadas, palabras gruesas y alguna manifestación con episodios vandálicos, pero nada de eso coge de nuevas a un Estado de Derecho con experiencia en resolver asuntos más difíciles.

Sobre la cuestión catalana y sobre el futuro de las pensiones, las consecuencias del Brexit, las obligaciones económicas de España con la UE, la amenaza del terrorismo islamista y media docena de asuntos importantes más necesitan los ciudadanos escuchar un discurso grande y serio en el Congreso y la ocasión debería ser el debate de investidura del candidato Rajoy. Candidato propuesto por el Rey porque aquí no existe eso del encargo del jefe del Estado a alguien para que forme un gobierno que luego se presenta al parlamento para pedir la confianza de ambas cámaras como en Italia, no. Aquí ha habido una propuesta del Rey aceptada por Rajoy y, en consecuencia, cuanto antes debería tener lugar ese momento solemne del debate de investidura. No importa que Rajoy se quede sólo con sus votos, importa que los españoles escuchen un discurso serio y grave sobre las circunstancias que vivimos y lo que nos jugamos. Ya vendrán en diciembre las terceras y los electores pondrán a cada uno en su sitio. A un discurso de reflexión y propuestas solventes sobre la docena de asuntos centrales le responderán Sánchez y Rivera con Bárcenas y Barberá, echándole además en cara que no se ha

movido desde diciembre, como si no hubiera ofrecido desde entonces un gobierno de coalición a socialistas y Ciudadanos. Jugando a los contrafactuales, lo que hubiera sucedido de no haber acontecido los hechos que en realidad sucedieron sino otros, ¿se han preguntado Sánchez y Rivera cuántas aportaciones podrían haber hecho ya a las políticas de este país, cuántas rectificaciones, cuántos impulsos, cuántos ceses podrían haber logrado de haber entrado a gobernar con Rajoy? Vascos y catalanes le darán el no porque, ya se sabe, siempre fueron maltratados por Madrid. Y Podemos puede que pronuncie el único discurso a la altura del que debería hacer el candidato. Tal y como está el patio, mejor que un gobierno con 137 escaños y acosado por una oposición enrabietada por esa injusticia cósmica que ha sido la victoria de Rajoy con más votos y más escaños, son unas terceras elecciones precedidas de un gran discurso de investidura.