Tres de los seis Juzgados de lo Penal de A Coruña arrancaron el año 2016 con más casos sin resolver de los que el Consejo General del Poder Judicial marca como tope máximo de carga de trabajo para todo el año, según consta en la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Para estos juzgados, el CGPJ establece que no se deben sobrepasar los 545 procedimientos abreviados.
Un claro ejemplo de esta situación rayana en el colapso puede constatarse en la sala número 2: abrió el curso 2015 con 833 procedimientos abreviados pendientes de finalizar del año anterior, heredados de 2014, y a lo largo de 2015 recibió 341 casos más y reinició otros 25. El balance es que resolvió 666 y dejó para 2016 un total de 555 casos pendientes. Es decir, que comenzó ya este año con una cifra mayor de la que el Poder Judicial establece como máximo para todo el ejercicio.
No fue el único juzgado de lo Penal con estas cifras. La sala número 3 abrió 2015 con 779 procedimientos sin resolver, asumió 368 y reinició 2. Durante el ejercicio pasado resolvió 457 y sumó 725 a la carga de trabajo de 2016. Una situación similar vivió la sala número 4, que heredó 601 casos del año 2014, a los que sumó 359. Casi los mismos que consiguió resolver, 358.
En A Coruña hay un juzgado exclusivo que trata los casos de Violencia sobre la Mujer. Esta sala inició el curso de 2015 con 309 casos sin resolver, ingresó 944 directamente, reabrió 17 y se hizo cargo de 260 procedentes de otros órganos. En diciembre de 2015, el juzgado había cerrado 1.180 asuntos, por lo que dejó 350 pendientes de finalizar para 2016.
Peor aún es la situación en los juzgados de Primera Instancia coruñeses. Estas salas cerraron el año 2014 con 14.586 casos cuya sentencia no se había ejecutado, por lo que las salas iniciaron el ejercicio de 2015 con una media de más de mil casos cada una pendientes de su ejecución. En doce meses, lejos de reducirse esta cantidad, el número de ejecuciones pendientes subió a 15.184.
Esto significa que, de media, los jueces de Instrucción de A Coruña tuvieron que iniciar el curso de 2016 con más casos pendientes de los que habían heredado de 2014. Alrededor de 600 sentencias más por ejecutar que en 2015.
El Colegio Provincial de Abogados de A Coruña reclamó a finales de 2015 a la Consellería de Xustiza la creación de ocho juzgados en la ciudad. El organismo denunció la "saturación" de las salas y, entonces, advertía de que podrían llegar a colapsarse. Los abogados exigían ya entonces la puesta en marcha de cinco organismos de Primera Instancia, dos de lo Social y uno de lo Mercantil.
Los profesionales se quejaron también este año de los problemas generados por el nuevo sistema telemático de administración de justicia.
El propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reconoció las carencias de los juzgados coruñeses a principios de este pasado mes de agosto, cuando señaló públicamente la necesidad de poner en marcha dos juzgados más en A Coruña, uno de lo Social y otro de Primera Instancia. Dentro de la provincia coruñesa, constata también la necesidad de crear una sala de lo Social más en Santiago.
Abogados y procuradores urgen una reforma que reduzca una el atasco judicial que sufre A Coruña. Más recursos, más agilidad, más eficacia. Es lo que reclaman los colectivos profesionales que intervienen en la administración de la Justicia ante el preocupante deterioro que muestran las estadísticas del sector.
Estos datos ofrecen un panorama de absoluta saturación en la justicia coruñesa, que ha llevado tanto a los sindicatos del ámbito judicial como a los profesionales del sector, abogados y procuradores, a reclamar medidas urgentes de refuerzo del personal y la creación de nuevos órganos judiciales para evitar el colapso.
Los profesionales del ámbito judicial coruñés apremian a una reorganización de un sistema caduco que demanda una imprescindible renovación que mejore radicalmente su eficiencia.
Vienen denunciando reiteradamente desde hace tiempo que varios juzgados los juzgados de A Coruña tienen una gran carga de trabajo que acumula inevitablemente grandes retrasos en la resolución de los casos que tienen una preocupante repercusión en los ciudadanos afectados.
En el apartado de lo Penal, esta cadena de asuntos pendientes que se vienen arrastrando de un año para otro supone unas dilaciones indebidas que únicamente favorecen a los acusados y resultan claramente perjudiciales para las víctimas y perjudicados por los hechos objeto de los diversos procedimientos judiciales.
Los datos que arroja la memoria judicial gallega son inapelables y demuestran que el funcionamiento de la Justicia se enfrenta en A Coruña una seria amenaza.
Los responsables del funcionamiento de la Justicia no deberían hacer oídos sordos a las demandas de los profesionales del sector para frenar el deterioro de un pilar ciudadano fundamental de la sociedad en A Coruña.
