El nuevo Gobierno arranca mañana las negociaciones con la comisión del Pacto de Toledo para abordar una reforma que garantice la sostenibilidad de las pensiones, cuya hucha de ahorro se encuentra ya al límite.

El sistema nacional de pensiones cerrará este año con un déficit estimado de más de 18.000 millones de euros. El creciente desfase entre los ingresos por cotizaciones y el desembolso de las prestaciones, agudizado por los años de recesión económica y la precariedad de la mayor parte del nuevo empleo creado en la actualidad, se venía capeando en la legislatura pasada echando mano del Fondo de Reserva de la Seguridad social. Este modus operandi toca sin embargo a su fin, ya que el propio subdirector de Gestión de Prestaciones de la Seguridad Social, César Gómez, ha reconocido este mismo mes que la hucha de las pensiones se acabará en un año.

Este es sin duda uno de los principales deberes que le aguardan al Ejecutivo en esta legislatura para mantener uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Es un gran reto para España, que se convierte en un desafío mayúsculo en el caso de Galicia.

El envejecimiento de la población gallega han disparado el número de pensionistas, que representan ya la cuarta parte del censo total y cuyas prestaciones rondan el 15% del PIB de la comunidad, frente al 10% de España. El coste del sistema de pensiones alcanzó el año pasado en Galicia los 7.829 millones, un 58% más que hace una década, en 2005. La cuantía de las prestaciones a pagar a los pensionistas está a punto de triplicar los ingresos de la Seguridad Social en la autonomía, estancados en 3.171 millones, entre otras razones por las bajas cotizaciones de los nuevos empleos precarios y la diáspora emigrante, lo que ha producido un auténtico agujero negro en la balanza del sistema. Las estadísticas revelan que Galicia necesitaría elevar un 40% las cotizaciones para corregir ese desequilibrio.

Las advertencias sobre el creciente abismo entre ingresos por cotizaciones y pagos de prestaciones no significan que el pago de las pensiones corra peligro en Galicia, puesto que es el Estado quien las soporta. Ese desfase sí evidencia sin embargo un insano equilibrio de la economía productiva gallega. En cualquier caso, entre el abanico de propuestas que están circulando estos días en vísperas del inicio del debate en la comisión del Pacto de Toledo, hay alguna que sí podría suponer un cambio en la titularidad de las prestaciones.

Sobre la mesa del debate que mañana se iniciará en la comisión del Pacto de Toledo se han puesto fundamentalmente dos opciones para garantizar las actuales cantidades que perciben los pensionistas, que pasan en ambos casos por afrontar el déficit de las cotizaciones con cargo al Presupuesto del Estado.

Una de ellas, consistiría en financiarlo con un impuesto especial. Otra, en sacar de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y orfandad, que pasarían directamente a los presupuestos del Gobierno, de modo que, al menos en unos años, las cotizaciones asegurasen el pago de las prestaciones contributivas, es decir, de las jubilaciones. Esta última parece ser la fórmula preferida por el Ejecutivo, que ya hace más de un año, antes de las primeras elecciones del 21-D en diciembre pasado, lanzó desde el entorno del Ministerio de Economía un globo sonda con esa idea.

En los últimos días se ha hablado sin embargo de un posible matiz en esta fórmula que podría resultar preocupante en Galicia. Las pensiones de viudedad y orfandad saldrían igualmente de la Seguridad Social pero no se pagarían por el Estado, sino por las autonomías. En este caso, la cuantía de la prestación no estaría determinada por un canon nacional, sino que variaría en cada comunidad en función de los recursos presupuestarios de cada autonomía.

Al margen de cuál sea finalmente la reforma de pensiones acordada, los datos de la Seguridad Social confirman en cualquier caso un horizonte de desfavorable desigualdad para los pensionistas gallegos. Los jubilados gallegos cobran ahora de media un 14% menos que en el resto del país. La pensión media, que en España es de 902 euros, baja en Galicia hasta los 761. Es la segunda más baja del Estado, tras Extremadura, según las estadísticas ministeriales. Por provincias, supera los 800 euros en A Coruña y Pontevedra (803 y 802 euros, respectivamente), pero se queda por debajo de los 700 en Lugo y Ourense (674 y 656 euros). Pero incluso en A Coruña y Pontevedra son considerablemente más bajas que la media española.

La cuantía de las pensiones es obviamente una consecuencia de la media salarial y refleja el status quo económico en una comunidad, puesto que el poder adquisitivo es el motor del consumo. Galicia arrastra desde hace décadas una posición de colista en los índices de salarios y pensiones que es históricamente una de sus grandes asignaturas pendientes. La desigualdad frente al conjunto de los pensionistas españoles y los datos ofrecidos estos días pasados por el Instituto Nacional de Estadística, que revelan que los sueldos suben en Galicia la mitad que en el resto del país y 80.000 empleados gallegos cobran menos de 680 euros, demuestran que queda mucho por hacer en esa tarea.