14 de enero de 2018
14.01.2018
Editorial

Otra losa para las arcas coruñesas heredada de la era Vázquez

14.01.2018 | 03:17

La construcción de un tramo del paseo marítimo de A Coruña en 1993 fue el punto de partida de un largo conflicto urbanístico que enfrenta a los propietarios de suelo en el Agra de San Amaro con el Ayuntamiento desde hace 25 años. Y que explota ahora con sentencias judiciales que obligan a las arcas municipales coruñesas a costear millonarias indemnizaciones, como ya ocurrió antes con el caso del polígono de Someso y muy probablemente ocurrirá también en un futuro inmediato con las repercusiones del obligado derribo del antiguo edificio Fenosa, pendiente de un último recurso presentado por el Concello coruñés.

Los primeros fallos judiciales han fijado por ahora en dos millones de euros las indemnizaciones que el Ayuntamiento debe pagar a estos promotores inmobiliarios, una cantidad que podría aumentar en los próximos meses con nuevas sentencias que el Gobierno local intenta evitar con unas negociaciones que augura difíciles.

El origen del conflicto radica en los compromisos adquiridos pero incumplidos con los promotores por el Ejecutivo presidido por Francisco Vázquez en 1993, plasmados en un acuerdo para hacerse con terrenos en los que construir el tramo del paseo marítimo comprendido entre la fuente de los surfistas y el dique de abrigo. A cambio de ceder parcelas que sumaban 46.200 metros cuadrados, los propietarios recibían edificabilidad en el Agra de San Amaro, en las proximidades de la Torre de Hércules, donde se crearía un polígono residencial que debería ser incluido en el plan general de urbanismo.

El acuerdo nunca se cumplió. Ni se reformó el plan general de 1985 para incorporar este acuerdo, ni tampoco figuró en el nuevo plan de 1998. Los promotores inmobiliarios acudieron entonces a los tribunales, que les reconocieron el derecho a ser indemnizados por la pérdida de volumen edificable pactado en el acuerdo de 1993. El Gobierno local acabó por suscribir nuevos convenios en 2006 con los perjudicados para admitir que debían ser compensados, pero nuevamente los incumplió a pesar de que los acuerdos fueron ratificados por el pleno municipal. La compensación preveía la construcción de seis edificios en los terrenos anexos a la ciudad deportiva de la Torre.

Los promotores impulsaron un proyecto de compensación para distribuir las parcelas y la edificabilidad, pero el Ayuntamiento no le dio el visto bueno hasta 2008, con un Gobierno ya presidido por Javier Losada, tras la marcha de Vázquez de la Alcaldía, forzada por su propio partido por los crecientes escándalos que empezaban a asomar, en especial las oscuras circunstancias de la adquisición por Francisco Vázquez de un edificio en O Parrote, destapadas por este periódico.

El gran escollo para dar salida a este nuevo acuerdo era para entonces que la iniciativa ciudadana para lograr la declaración de la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad había recibido fuertes espaldarazos y el objetivo empezaba a verse cada vez más factible y cercano. A nadie se le escapaba, por otra parte, que construir en el entorno del histórico faro romano, como el Gobierno de Vázquez había prometido a los promotores, echaría por tierra esta universal aspiración coruñesa, según la propia Unesco se encargó de advertir.

En 2009, los coruñeses celebraron como un hito fundamental de la ciudad la consecución del reconocimiento universal de la Torre como uno de los grandes monumentos erigidos por la humanidad. Pero las sombras del acuerdo urbanístico seguían cerniéndose como una amenaza sobre este gran logro.

El entonces ministro de Cultura, el coruñés César Antonio Molina, gran impulsor de la candidatura del monumento coruñés durante su etapa en el Gobierno, y buen conocedor de las debilidades en la gestión de la ciudad, intentó conjurar precisamente este peligro en el discurso de investidura como hijo predilecto de A Coruña en mayo de 2010, cuando advirtió de que el entorno del monumento reconocido internacionalmente, tenía que ser protegido de la voracidad del ladrillo.

Pese a la nueva advertencia de la Unesco de que la construcción de un polígono residencial a 500 metros de la Torre supondría la retirada del reconocimiento, el Ejecutivo de Losada siguió adelante con el proyecto urbanístico, temeroso de las consecuencias judiciales del incumplimiento del acuerdo con los promotores. Lo que le supuso fricciones políticas con su socio de gobierno, el BNG.

Finalmente, la prohibición de construir en el entorno de la Torre decretada por la Xunta en vísperas del triunfo del candidato del PP en las municipales, Carlos Negreira, dejó el pacto en papel mojado. El nuevo plan general, aprobado por el Ejecutivo de Negreira en 2013, tampoco incluyó el polígono del Agra de San Amaro.

Los promotores amenazaron entonces con reclamaciones que tasaban en 60 millones y Negreira intentó evitarlas con la oferta de trasladar los derechos de edificabilidad a la cantera de Adormideras, a corta distancia del entorno de la Torre, para construir 333 pisos. La propuesta tropezó sin embargo con un gran rechazo vecinal, reavivó las amenazas sobre la Torre, al ocultar las vistas del monumento, y tampoco gustó a los promotores, por tener menos edificabilidad que el acuerdo original.

El propio Negreira optó apenas unos días antes de las elecciones municipales de 2015 por descartar la ubicación en Adormideras de la edificabilidad debida a los promotores, sin dar explicaciones sobre los motivos de este cambio de postura ni proponer un plan alternativo.

Marea Atlántica, a su llegada a María Pita, descartó también la construcción en Adormideras por su proximidad a la Torre e intenta llegar a acuerdos con los promotores, con ofertas de edificabilidad en otros puntos del municipio que de momento no han fructificado. Un pacto que el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, ve muy complejo, mientras la espada de Damocles de las sentencias millonarias pende sobre las arcas coruñesas.

Los vericuetos de este embrollo que se arrastra desde hace un cuarto de siglo no deben ocultarnos el pecado original del problema: el entorno de la Torre de Hércules, un espacio de enorme valor para A Coruña, materializado en el reconocimiento universal de la Unesco y reclamo fundamental para el tirón turístico de la ciudad, refrendado en 2017 con un récord de visitantes al faro, nunca debió hipotecarse como moneda de cambio en un pacto de intereses inmobiliarios.

Los responsables de esta nueva losa que cae ahora sobre la ciudad son por otra parte los mismos protagonistas de los escándalos urbanísticos por una mala gestión que los tribunales condenan con incesante sentencias millonarias que van sin embargo al bolsillo de todos los coruñeses. Responsables que jamás han dado la menor disculpa y que gozan de total impunidad mientras las arcas municipales se vacían para hacer frente a sus desfeitas.

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