11 de marzo de 2018
11.03.2018
Editorial

Una solución sin demagogia para las pensiones

11.03.2018 | 00:57
Una solución sin demagogia para las pensiones

Las pensiones son el problema de mayor envergadura de España en estos momentos. Los jubilados tienen derecho a una prestación digna y a una actualización razonable de la misma cada año. Con los ingresos actuales de la Seguridad Social y el envejecimiento exponencial de la población, los expertos ponen en duda que las cuentas cuadren para lograr ese objetivo. El desfase no depende de quién haya gobernado antes, lo esté haciendo ahora o lo vaya a realizar mañana, sino de la fortaleza económica del país y del reparto justo y equitativo de sus recursos. Hay que tener claras las prioridades, concentrar el dinero en una cosa significa restarlo de otra. Los pensionistas merecen una solución realista sin apaños ni demagogias. Las jubilaciones son la columna vertebral del estado del bienestar. La sanidad garantiza el derecho a la salud. La educación, a la igualdad de oportunidades. La pensión, el sustento en la recta final, cuando ya por pura evolución biológica menguan la capacidad y las oportunidades. Hay que entender la jubilación como la piedra angular del equilibrio social, expresión de un pacto de solidaridad intergeneracional.

La revalorización de la retribución estuvo ligada históricamente a la evolución del IPC para mantener la capacidad de compra. Las reformas de los últimos años cortaron esa conexión por la necesidad de embridar el gasto puesto que cada vez hay más jubilados y con ingresos mayores. Bien merecidos los tienen, dicho sea de paso, pues son el fruto de carreras laborales largas y con elevadas cotizaciones.

Los jubilados se han hartado. Soportaron estoicamente durante lo más duro de la crisis incrementos ridículos, pero con precios a la baja no perdían. Dos años consecutivos en los que la inflación acabó por restarles poder adquisitivo han provocado un estallido. Hay que encontrar rápido una salida porque, con la recuperación, lo habitual, incluso lo saludable desde la ortodoxia económica, es que el IPC siga subiendo. Si las cosas no cambian, los futuros jubilados verán socavada su renta en un 30%, calculan los especialistas. A los partidos les corresponde buscar, juntos, el mejor arreglo. El electoralismo, en cambio, los infecta y los incita a ponerse zancadillas por atraer a un significativo sector de votantes que da y quita victorias.

Quién ostente el gobierno queda en anécdota frente a lo decisivo: hacer sostenible el sistema para millones de personas. Los que hoy son oposición cualquier día tocarán poder y tendrán sobre la mesa la misma bomba de relojería, imposible de desactivar con brindis al sol, maratones de ofertas irresponsables o parches temporales.

Los últimos retoques fueron aprobados en solitario por PSOE y PP cuando gozaban de mayorías absolutas. En minoría, la demagogia tienta por igual al Gobierno y a sus contrarios. Los populares, presionados, sacan de la chistera una rebaja del IRPF a los jubilados para compensarlos. Pero, qué casualidad, el 63% de los jubilados no declara IRPF, según los técnicos de Hacienda, por lo escaso de sus ingresos. Los socialistas proponen subir las pensiones con dos nuevos impuestos a los bancos que valen para un roto y un descosido. Esos mismos gravámenes ya los propusieron antes, como remedio para contener el déficit público.

España tiene 8,7 millones de pensionistas -760.500 Galicia-, que reciben 140.000 millones de euros. Desde el año 2008, debido a la estructura demográfica, el número de pensionados creció un 40% y aún quedan por entrar en caja las cohortes del baby boom, el grueso de la explosión poblacional española con 650.000 nacimientos anuales durante la década de los 60 y los 70. Lo harán a partir de 2022. La Seguridad Social pasó de contar con un superávit de 14.000 millones de euros a registrar un déficit de 18.000 millones, a pesar de batir récords de altas y de encadenar tres años de crecimiento económico al 3%. Préstamos y deuda cubren de momento el agujero, una manera de hacerse trampas al solitario. ¿Cuánto estirará la cuerda? Para actualizar las pensiones de hoy conforme al IPC de 2017 habría que obtener de alguna parte 1.750 millones de euros. Para recrecerlas, bastante más.

Galicia representa el paradigma de todas las dificultades ante las pensiones por el acusado envejecimiento, la dependencia económica de las clases pasivas y el déficit de cobertura. Lo que aportan los trabajadores activos sólo cubre el 60% de lo que reciben los pensionados. El sistema tiene viabilidad aunque necesita, cuanto antes, ajustes.

Los problemas complejos carecen de respuestas sencillas. Habrá que elegir la mejor, y si no existen soluciones mágicas e indoloras, explicarlo con claridad aunque a ningún partido le agrade transmitir malas noticias a los electores. Insistir en ese defecto tan español de exigir sin aportar, de reclamar derechos sin comprometerse en obligaciones, de responsabilizar a otros de los males y huir de alumbrar los remedios, nos conducirá sin remisión al estrelladero. Al empobrecimiento, injusto e inadmisible, de nuestros jubilados.

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