El Gobierno local de A Coruña ha aprobado esta semana una rebaja del precio del billete del autobús urbano que supondrá diez céntimos menos en la tarifa normal y el bonobús, que pasan a costar 1,2 y 0,75 euros respectivamente, así como la gratuidad del servicio para los menores de 13 años y para todos los transbordos de autobuses.
Esta revisión de tarifas llega dos años después de que el Gobierno local diese por extinguido en 2016 el contrato de concesión a la Compañía de Tranvías, a quien concedió entonces una prórroga de dos años más.
La concesionaria recurrió entonces la extinción del contrato en los juzgados al entender que el contrato no finaliza hasta 2024. La concesión que el Concello da por extinguida fue otorgada en 1986 a Tranvías por un gobierno de Francisco Vázquez mediante una adjudicación directa y sin concurso por 38 años, esto es, hasta 2024.
El Gobierno local justificó el adelanto de la extinción a 2016 en que la concesión nunca se adaptó a la normativa europea de 2007, que dicta que las concesiones otorgadas sin concurso no pueden prolongarse más de 30 años. Tranvías alega por el contrario que esos treinta años deberían contar a partir de 1996, cuando se modificó el contrato para que la empresa gestionase también el tranvía turístico. El contencioso está pendiente de resolución judicial.
Ante esta judicialización, el Concello solicitó a principios de este año, para despejar dudas, un informe a Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), quien concluyó meses después que el contrato de 1986 está al margen de la normativa legal vigente en el UE y proporciona un exceso de beneficio para Tranvías, al revisar siempre los precios al alza y no contemplar en ningún caso la posibilidad de una rebaja del billete aunque las condiciones sean favorables para ello.
La CNMC señala a los responsables municipales que la concesión del bus debe ser revisada y ajustada a la legalidad comunitaria europea. Competencia va incluso más allá y advierte de que Tranvías podría verse obligada a devolver ayudas públicas que no le correspondían si el caso se denunciase ante la Comisión Europea.
El informe de la CNMC fue cuestionado por Tranvías, que alegó que los tribunales habían invalidado en varias ocasiones resoluciones de este órgano fiscalizador.
Amparándose en las conclusiones de la CNMC, el Gobierno local intentó negociar con Tranvías una reducción del exceso de beneficio con una rebaja del billete de autobús y otras mejoras en la prestación del servicio, advirtiendo a la concesionaria de que esas medidas se pondrían en marcha unilateralmente por el Ejecutivo si no se llegaba a un acuerdo. Pero las negociaciones no prosperaron, por lo que el Gobierno de Marea decidió afrontar la rebaja por su cuenta.
Y a este punto hemos llegado. La junta de gobierno coruñesa acaba de dar luz verde a la rebaja del precio del billete del bus, que para ser efectiva tendrá que ser aprobada en la Comisión de Prezos de Galicia, un organismo dependiente de la Xunta.
La medida augura un segundo frente judicial con Tranvías, que aduce graves errores sobre el cálculo de beneficios en los informes externos solicitados por el Concello y considera que la aprobación de la rebaja del precio del autobús debería someterse al pleno municipal.
La pelota se encuentra ahora en el alero de la Xunta. La propuesta de rebaja del precio del autobús ha obtenido ya el respaldo de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, con la condición de que no tenga repercusiones negativas para los viajeros y los trabajadores de Tranvías. Al respecto, el concejal de Mobilidade, Daniel Díaz, asegura que no va a repercutir en el salario de la plantilla.
Al margen de las discrepancias entre el Concello y la Compañía de Tranvías sobre la duración de la concesión, que resolverán los tribunales, no puede obviarse que el informe de Competencia pone el dedo en la llaga en dos cuestiones. Por una parte, la concesión del servicio de autobús urbano de A Coruña se encuentra fuera del marco legal europeo. Y precisamente una de las condiciones de ese contrato que contraviene la legalidad comunitaria es que nunca se puedan rebajar los precios del billete, sean cual fueren los beneficios. Estas anomalías deben corregirse, si bien el Gobierno local debe asegurarse de que se hace con todas las garantías legales necesarias para que la medida no se le vuelva en contra.
