Hasta hace no mucho era habitual que a las preguntas sobre actuaciones judiciales respondieran los políticos con un respetuoso, dejemos a los jueces hacer su trabajo, apelando al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial, pero eso ya es historia. Hoy las sentencias, las medidas cautelares, la instrucción sumarial y hasta la vida privada de los jueces y magistrados están a disposición de un público, experto o no, incontinente a la hora de juzgar y condenar el trabajo de los jueces y a los jueces mismos. Vale esto ahora también para el propio Tribunal Supremo. Es lo que hay y de nada valen quejas ni llamadas a la prudencia. Solo faltaba que el gobierno entrara en el juego y ya lo ha hecho. Y nada menos que a propósito del juicio a los líderes independentistas, sin duda, el más grave de los procesos penales desde el que condenó a los golpistas del 23 F.

Se comprende, cómo no, que Torra, los dirigentes independentistas y sus partidarios pidan no ya la libre absolución de Junqueras y compañía, sino que exijan su inmediata puesta en libertad sin juicio porque entienden que nada pasó en Cataluña que merezca sentarlos en el banquillo. En su opinión se limitaron a ejercer pacífica y democráticamente sus derechos como pueblo y como ciudadanos frente al Estado opresor y a la España ladrona. No hay caso. Así como suena. Los hechos probados, que para el instructor de la causa y para millones de españoles fueron de una gravedad máxima debiendo por ello recibir su correspondiente tratamiento penal, merecen, en cambio, el aplauso y el respeto del independentismo porque además le abrieron la senda por la que seguir caminando en compañía de muchos más catalanes y con mayor audacia y determinación si cabe, sin detenerse ni salirse de ella ni un milímetro. Se entiende, asimismo, que Iglesias y demás dirigentes de Podemos y confluencias muestren a diario su cercanía con los secesionistas y rechacen las actuaciones judiciales y el procesamiento porque defienden la doctrina de que solo vale el diálogo y el acuerdo político en el conflicto con la Generalitat y sobra el Código Penal. Al fin y al cabo Iglesias predica el derecho de autodeterminación para todas las comunidades autónomas y hace lo que está en su mano para erosionar el marco constitucional.

Lo que no se puede entender es que a unas semanas de la apertura del juicio oral Iceta y la delegada del Gobierno en Cataluña se mostraran partidarios de un futuro indulto a los secesionistas. Bonita manera de despreciar a los magistrados que dictarán sentencia, y al instructor, claro. O que más cercana aún la fecha del juicio algunos ministros, Borrell, Ávalos, Calvo, se pronunciaran críticos con la privación de libertad de varios acusados decretada por el magistrado instructor, Llarena. Y que hace cuatro días en el Congreso el mismo presidente Sánchez pusiera su granito de arena cuestionando la comisión del delito de rebelión por los secesionistas. No hay excusa posible para Sánchez, ni siquiera lo es la inaceptable aparición en escena de Pascual Sala, presidente que fue del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del TC, mostrando, imprudente, su desacuerdo con la imputación de rebelión a los líderes del procés por el magistrado Llarena.

No se entiende a Sánchez tratando de evitar la acusación de rebelión, salvo que le interese mucho más aprobar los presupuestos para conservar el sillón que respetar al TS y empezar a descabezar en serio el independentismo en Cataluña. Eso debe ser.