El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha el proceso de investigación que determinará las responsabilidades de los cargos y funcionarios que intervinieron en la concesión en 1997 de una licencia ilegal por un Gobierno de Francisco Vázquez que permitió a Fadesa reconstruir la antigua sede de Fenosa vulnerando la normativa del plan general.
Esta irregularidad urbanística, que provocó un litigio de más de dos décadas, se zanjó el mes pasado con una mediación intrajudicial propuesta por el Gobierno de Marea y avalada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La iniciativa de reclamar ahora responsabilidades, como aclaró este pasado jueves el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, no responde a un criterio político del Ejecutivo, sino que es una deriva jurídica de las condiciones del acuerdo que evitó la sentencia de derribo del histórico edificio que supondría para las arcas públicas coruñesas un coste de unos 60 millones en gastos de ejecución e indemnizaciones.
Pese a esquivar las gravísimas consecuencias de la demolición, que abocarían a la economía municipal coruñesa a la bancarrota, el acuerdo implica el pago de 2,9 millones al demandante de las irregularidades, por lo que renuncia a presentar más acciones judiciales, así como una compensación a los propietarios del edificio Fenosa, estimada en torno a un millón, que el Concello ha tenido que incluir en la modificación del presupuesto prorrogado de este año, aprobado en pleno esta pasada semana.
Para exigir responsabilidades por esta repercusión económica de las malas prácticas urbanísticas en la era Vázquez en las actuales cuentas municipales, el Ayuntamiento tendrá que esperar a que se abonen las cantidades pactadas en la mediación intrajudicial, lo que según Varela se efectuará antes de las elecciones de mayo.
El Gobierno local pretende acudir a la Justicia para reclamar responsabilidades por dolo, culpa o negligencia en esta actuación urbanística y para ello el primer paso que ha dado es abrir un expediente de investigación, tras nombrar instructor a un funcionario con formación jurídica que supervisará el proceso junto con el edil Xiao Varela.
Esta investigación y la consiguiente reclamación de responsabilidades forma parte de la asunción por el Ayuntamiento en el citado acuerdo de un protocolo de buenas prácticas urbanísticas para que no se repitan casos como el del edificio de Fenosa, al igual que el compromiso de modificar el plan general para incluirlo como inmueble singular, un proceso que ya está en fase de estudio.
La factura urbanística de la era Vázquez no se limita sin embargo a la actuación ilegal en la concesión de la licencia del edificio Fenosa en 1997. La mediación impulsada por el Gobierno de Xulio Ferreiro evitó en este caso la mayor sangría económica, pero no sucedió así con el caso Someso, otro escándalo urbanístico cortado por un patrón similar y con los mismos protagonistas. El suelo expropiado a bajo precio a finales de los años 80 en Someso para construir un campo de fútbol y una carretera fue recalificado posteriormente por un Ejecutivo de Francisco Vázquez para edificar un polígono de viviendas. Un cambio que benefició sobre todo al promotor inmobiliario Antonio Fontenla, actual presidente de la patronal coruñesa.
El Gobierno local ultima en estos días el informe que enviará al Consello Consultivo de Galicia para exigir también responsabilidades por otra actuación irregular que ha supuesto en estos últimos años a las arcas públicas coruñesas un desembolso de 23 millones en indemnizaciones.
La desfeita urbanística en la etapa de Francisco Vázquez como alcalde se ha convertido en una losa para la actual economía municipal. Los casos de mayor relevancia suman por el momento 43 millones: la recalificación del suelo en Someso, la licencia ilegal del edificio Fenosa, los bloques de pisos frustrados frente a la Torre de Hércules y, según la última decisión judicial conocida esta misma semana, las irregularidades en la valoración de los terrenos para el desarrollo del plan especial del castro de Elviña, que condena ahora al Concello al pago de 14,5 millones. El Ayuntamiento estudia ahora cómo hacer frente a esta nueva factura millonaria heredada de la era Vázquez, de manera que afecte lo menos posible a las inversiones municipales.
Los escándalos urbanísticos que lastran las arcas públicas coruñesas tienen varios denominadores comunes. Además de un Gobierno municipal dirigido por el mismo alcalde del PSOE, Francisco Vázquez, son operaciones gestadas entre el final del plan general de 1983 y el inicio del de 1998, que amparó la época dorada de los pelotazos inmobiliarios en la ciudad, finalizada con el pinchazo de la burbuja del ladrillo en 2008. El único que no tiene una operación inmobiliaria por medio es el caso de las expropiaciones en Elviña, que responde a una infravaloración de los terrenos reconocida ahora a los afectados por los tribunales.
El acuerdo intrajudicial avalado por el Tribunal Superior que evitó el derribo del edificio Fenosa y con ello el mayor perjuicio económico para la ciudad de esta serie de ilegalidades urbanísticas, un pago estimado de más de 60 millones que se quedó en solo cuatro, hace hincapié en la necesidad de establecer una reflexión moral y política sobre unas actuaciones que tantos perjuicios ha ocasionado, poner en marcha una reclamación a los responsables que ponga coto a su impunidad y establecer un código de buenas prácticas que impida su repetición en el futuro.
