La Autoridad Portuaria de A Coruña ha llevado a los tribunales al Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno para no permitir a un particular acceder a las actas de su consejo de administración entre los años 2015 y 2018. El organismo estatal exige al Puerto coruñés que se puedan consultar estos documentos, donde se reflejan las decisiones que toman los miembros con respecto a la gestión de la entidad, pero la Autoridad Portuaria se niega alegando que supondría revelar deliberaciones secretas y vulnerar leyes de protección de datos, además de suponer la paralización de su actividad por el elevado volumen de documentación requerido.
Ante el fin de la vía administrativa entre ambos órganos, la Autoridad Portuaria, que insiste en su negativa a facilitar esta documentación, ha recurrido al contencioso-administrativo, que dirimirá si el reclamante tiene derecho o no a conocer esta información.
El proceso arrancó en el verano de 2018, cuando un vecino coruñés solicitó acceder a las actas y acuerdos de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria celebrados desde el año 2015 y se topó con la negativa por respuesta. El reclamante recurrió la decisión y el Puerto insistió en sus argumentos, por lo que el ciudadano acudió al Consejo de la Transparencia, organismo estatal que vela por el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública, que acabó dándole la razón.
El Consejo de la Transparencia discrepa de las razones alegadas por la Autoridad Portuaria para facilitar las actas de sus reuniones y le señala que el acceso a la información pública y a las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Transparencia pone de relieve que en este derecho de acceso a la información pública están incluidos documentos como los solicitados por el vecino coruñés.
En su resolución, recurrida ahora en los tribunales por la Autoridad Portuaria, Transparencia rebate uno por uno los argumentos del ente dirigido por Enrique Losada para denegar las actas de los consejos de administración de los últimos tres años. Transparencia ya ha tenido que lidiar en otros puertos españoles con negativas similares a la de la Autoridad Portuaria coruñesa y tuvo que ordenar igualmente a los de Vigo, Gijón y Barcelona que permitieran consultar documentación a ciudadanos u organizaciones que lo habían solicitado.
En todos estos casos, ocurridos el año pasado, las argumentaciones para denegar el acceso a la documentación fueron prácticamente las mismas que las esgrimidas por el puerto coruñés. Las resoluciones de Transparencia fueron tajantes también en todos ellos: no se puede coartar el derecho de los ciudadanos al acceso a información pública.
En la resolución dictada al Puerto coruñés, Transparencia señala que esta obligación llega hasta el propio Gobierno y a las actas del Consejo de Ministros, que son susceptible de acceso por parte de la ciudadanía tras una resolución que data de 2016, obligación que en 2017 se extendió también a la documentación sobre las reuniones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Organismos en los que, a buen seguro, se discuten asuntos de mayor trascendencia que en el consejo del Puerto coruñés.
En lo que concierne al elevado volumen de documentación requerida, que según la argumentación del Puerto podría suponer la paralización de su actividad administrativa, de siete actas de sesiones del consejo portuario coruñés analizadas por este periódico, la menor constaba de seis folios y la mayor, de 56. Y hay que tener en cuenta que no suele haber más de media docena de reuniones del Consejo del Puerto al año.
Esta preocupante tendencia a la opacidad se acrecienta al constatar que la Autoridad Portuaria ha judicializado también otra petición de información, en este caso por el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que forma parte además del consejo portuario en representación del Ayuntamiento coruñés, en la que requería documentación sobre la investigación del Tribunal de Cuentas sobre las obras del puerto exterior. La reclamación siguió el mismo cauce que la anterior: el Puerto se niega a facilitar información, el reclamante acude al Consejo de la Transparencia y este le exige la documentación a la Autoridad Portuaria, que evita entregarla acudiendo de nuevo a los tribunales.
Al hilo de esta obstinada negativa, Transparencia recuerda al Puerto coruñés que varias sentencias judiciales han fallado ya a favor del derecho de los ciudadanos a recibir documentación de las administraciones públicas. Entre ellas, una del Tribunal Supremo que censura el menoscabo injustificado del derecho de acceso a la información.
La Autoridad Portuaria coruñesa se llevó ya en 2016 un tirón de orejas del Observatorio de la Contratación Pública, por adjudicar 12 millones en contratos menores o negociados que no salieron a concurso público, es decir, sin un proceso que garantice la transparencia y la competencia en su adjudicación.
Los argumentos del Puerto para negar la información requerida, un derecho público regulado desde 2015 según ha tenido que recordarle el Consejo de la Transparencia, suenan más bien a excusas que parecen responder a una visión obsoleta de lo que debe ser en estos tiempos la gestión de una administración pública.
