La larga lucha por la supervivencia de Alcoa, con una plantilla de cerca de 400 trabajadores, es el último capítulo de un incesante desmantelamiento que ha fulminado en A Coruña las factorías de Armas, Tabacos, Caramelo y Emesa en los últimos años.

Las estadísticas revelan que el modelo instalado en las últimas dos décadas en el área coruñesa ha sobrepasado ya con creces las líneas rojas establecidas por Bruselas para evitar la desertización industrial. La economía coruñesa sigue un camino inverso a las directrices marcadas por la Unión Europea, que fijan como objetivo alcanzar un grado de industrialización del 20% para 2020.

La comarca coruñesa no llega sin embargo ni a la mitad del baremo europeo. La industria aporta aquí solo el 9,5% del valor añadido bruto (VAB), que equivale al producto interior bruto (PIB) más los impuestos indirectos netos, según indican los últimos informes sobre coyuntura económica en la provincia.

Los estudios alertan de la excesiva dependencia del sector de servicios en A Coruña y aconsejan aumentar el peso de la actividad industrial y a diversificar más allá del textil. Los servicios, especialmente el comercio, el transporte y la hostelería, generan el 83,1% de la economía del área coruñesa, a enorme distancia de la industria (9,5%), la construcción (6,2%) y el sector primario (0,6%).

El desplome del sector industrial y el peso hegemónico de los servicios es una de las razones de la proliferación del empleo temporal e inestable en los últimos años. Los expertos sostienen que es necesario aumentar el peso del sector industrial, como generador de riqueza y empleo estable, tanto directo como indirecto, que supondría además un acicate para el propio sector de servicios.

También la Cámara de Comercio ha advertido del peligro si no se corrige la senda de declive de un sector estratégico para el desarrollo y la generación de empleo, que no cesa de perder peso en la economía coruñesa. La Cámara ha puesto recientemente en marcha un plan para frenar la destrucción del tejido industrial, tras constatar una progresiva pérdida de peso de este sector en la zona coruñesa, en la que predomina un sector terciario que ha ido ganando protagonismo.

Las grandes industrias que sobreviven en A Coruña, además de la multinacional textil Inditex, son la refinería de Repsol, la fábrica de cervezas de Estrella Galicia, la embotelladora de Coca-Cola Begano o la empresa química SLG Carbón. Y confiemos en que también Alcoa, cuyo futuro está pendiente de la viabilidad de una operación de compra por un fondo internacional.

Un ejemplo colateral del perjuicio que supone este declive industrial es el impacto fiscal que supondría para la ciudad de A Coruña el cierre de Alcoa, que se estima en una pérdida de casi dos millones de euros en tributos. Las arcas municipales perderían la décima parte de sus ingresos por el Impuesto de Actividades Económicas si la factoría de producción de aluminio no logra continuar con su actividad.

Los sindicatos ven una quimera que la actividad industrial coruñesa remonte el 20% del PIB que marca Bruselas sin un cambio de rumbo en las políticas económicas de las administraciones. Censuran la dejadez de la Administración en la crisis del sector metalúrgico, uno de los cinco pilares en Galicia junto a textil, naval, automoción y agroalimentario y demandan un cambio urgente de una política energética que a su juicio espanta la inversión en empresas electrointensivas como Alcoa.

El cierre de fábricas tiene una grave incidencia directa en el empleo estable y de calidad y cada vez quedan menos empresas en el sector industrial coruñés con el nivel de la plantilla de Alcoa.

El plazo de la amenaza de cierre de las factorías de la multinacional aluminera estadounidense en A Coruña y Avilés vence en apenas unos días, el próximo 30 de junio. Las esperanzas están depositadas en estos momentos en la venta de ambas fábricas. El comprador más que probable es el fondo de inversión suizo Parter Capital Group, que en la reunión de la Mesa Industrial Estatal celebrada esta semana pasada en Madrid se comprometió a garantizar el empleo de los 375 componentes de la plantilla durante dos años.

La principal sombra en este plan es la viabilidad futura de factoría, que el fondo supedita a una rebaja de precio de la electricidad por parte del Gobierno. La compra por Parter es una operación simbólica, puesto que no paga nada por las fábricas. El fondo suizo garantiza que pagará los salarios esos dos años, pero advierte de que la puesta en marcha de las cubas electrolíticas, imprescindibles para la producción de aluminio, no se hará como mínimo antes de un año. Reanudar la electrólisis tiene un alto coste y Alcoa se compromete a aportar 20 millones para cada planta a ese efecto. Pero este paso se daría solo en el caso de que el Gobierno ofrezca un sistema de rebaja del precio eléctrico que Parter considere competitivo y estable.

Es decir, que las garantías de que la fábrica de Alcoa no se sume a los numerosos cadáveres industriales del área coruñesa no van más allá de esos dos años. A partir de esa fecha, la supervivencia de la factoría queda en manos de la política energética industrial del Gobierno.

La aprobación cuanto antes de un Estatuto de la Industria Electrointensiva es la única posibilidad de que el cierre de la fábrica de A Grela no se ejecute. El Ejecutivo prometió aprobarlo en el último Consejo de Ministros anterior a las elecciones generales pero de momento solo se habla vagamente de ponerlo en marcha a lo largo de esta legislatura, sin ponerle fecha.

El problema es que, si no llega antes de esos dos años, ya será tarde para salvar la factoría coruñesa.