Tras la sentencia del TS, condenatoria de los dirigentes independentistas catalanes, lo primero que se le ocurre al Gobierno de Sánchez, querida Laila, es lanzar una campaña internacional, en varios idiomas, para afirmar con énfasis que "España es una democracia consolidada". Una clara excusatio non petita, reveladora de las tremendas dudas que suscita nuestra democracia, en cuanto a su calidad o normalidad. Por eso el Gobierno entiende que nuestra democracia necesita propaganda y ser positivamente adjetivada para hacerse creíble ante la opinión pública internacional. Es el mismísimo Gobierno quien duda de la calidad de nuestra democracia. Es aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces.
El problema, querida, no es Cataluña. El problema viene siendo y es España, Cataluña incluida. Por eso, el desafío secesionista y las respuestas y tratamientos políticos, que desde los sucesivos gobiernos e instituciones de España se están dando, o se dejan de dar, no solo no ayudan a encauzar el llamado problema catalán, sino que afectan muy negativamente a la democracia misma. Todo el tratamiento judicial del procés y la misma sentencia del TS es una buena prueba de que tampoco desde el tercer poder se arregló nada en Cataluña y sí se dio un paso más, cualitativamente muy grave, en el progresivo deterioro de la democracia española. "Funcionó el Estado de derecho", dicen. Sí, pero funcionó mal, desgraciadamente. Tanto, que el Gobierno tuvo que salir al ruedo internacional a proclamar que, la nuestra, es "una democracia consolidada". Excusatio non petita, acusatio manifesta.
Cierto es que el TS descartó el delito de rebelión, acusación que, con notable desmesura, habían puesto sobre la mesa la Fiscalía y la instrucción. Se descartó con claridad la desmesura en la sentencia, pero no se evitó que condicionara de facto todo el proceso y el tratamiento de los encausados. Como también es cierto que, al atribuir a los encausados el delito de sedición de forma un tanto forzada, el TS establece en su fundamentación una jurisprudencia muy peligrosa, de tal forma que en el futuro se hace posible que alteraciones del orden público, acciones de protesta, manifestaciones que traten de impedir desahucios, por ejemplo, lleguen a ser consideradas sedición. Y de cosas así no estamos libres, visto como se utiliza la ley Mordaza para limitar derechos o como se usa la calificación de terrorismo con tanta ligereza en conflictos o problemas que nada tienen que ver con ello. Resulta paradójico que la ampliación de la casuística incluible en delitos de terrorismo se produzca precisamente cuando ETA se disuelve. Es como si se añorara el terrorismo o como si alguien pensara que contra el terrorismo se vivía mejor.
La democracia española que nace en el 78 es briosa, lozana, ilusionante y cargada de futuro, pero desgraciadamente muy pronto, en el 81 con el 23-F, se frena su natural evolución y se embrida por primera vez con los efectos que aquel golpe produjo y que supuso todo un desarrollo legislativo de la Constitución muy condicionado y la supervivencia de la herencia franquista y nacional-católica. Desde entonces no se ha dejado de embridar cada día nuestra democracia. Y últimamente nuevas y más recias son las bridas: como ciertas reformas del Código Penal, la ley Mordaza o determinada jurisprudencia. Nuestra democracia no ha dejado de tascar el freno durante estos cuarenta años y hoy lo agarra entre las muelas porque ya tiene la boca rasgada por los brutales tirones de la brida y sufre. Sufre y sangra.
No sé yo, querida, si nuestra democracia estará consolidada, pero no me cabe duda de que es una democracia embridada.
Un beso.
Andrés
