El Gobierno se ha negado a devolverle a las comunidades autónomas 2.500 millones del IVA recaudado en 2017 y ello ha supuesto una especie de revuelta, no solo en los territorios gobernados por el Partido Popular, sino también en los que manda el PSOE. De hecho, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha sido el primero en protestar por la medida que solivianta aún más a los dirigentes autonómicos al producirse la negativa un día después de que Sánchez se plegase a las exigencias de inversión de Torra para lograr apoyo independentista a los presupuestos.

Una gran parte de España vuelve a sentirse trasquilada frente a los privilegios de otra que, a su vez, promueve la ruptura del orden territorial establecido y pretende la separación. Para enderezar la senda de su déficit el Gobierno consiente y anima a las comunidades autónomas a un mayor endeudamiento con el fin de paliar la falta de ingresos y cubrir el impago del impuesto. De manera que el camino se ha trazado desde el trato discriminatorio e injusto hasta el despropósito, cuando lo que realmente quieren los gobiernos regionales, antes de volver a endeudarse, es la devolución de un dinero que les pertenece y que proviene de la contribución de los ciudadanos de las respectivas comunidades.

Si buscan un ejemplo de asimetría financiera, aquí lo tienen. Estamos de nuevo ante la famosa ley del embudo en su versión más agraviante: lo ancho para las comunidades nacionalistas que mantienen el pulso separatista con el Estado y lo estrecho para las cumplidoras y respetuosas con la Constitución.