Combatir el fracaso y el acoso escolar, modernizar el sistema de Formación Profesional o extender la gratuidad de la educación a la etapa de cero a tres años son objetivos muy importantes que requieren unas mínimas garantías de estabilidad. Y para ello resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa, no solamente de una parte. Declaraciones amenazantes como las que se han escuchado en las últimas semanas contra la red de escuelas concertadas, o contra las familias que libremente escogen la asignatura de Religión, no son precisamente un buen augurio. Esperemos que a la hora de redactar la nueva ley de Educación termine imponiéndose el sentido común. La pregunta a la que debe responder el gobierno socialista es muy sencilla: ¿quiere sumar amplios apoyos para aprobar la ley educativa que realmente necesita España, o prefiere competir en radicalismo con sus socios y aliados para terminar aprobando una reforma que nacerá ya con los días contados?
