El sistema de financiación autonómica vigente en este país lleva años provocando graves tensiones entre las comunidades más ricas y las más desfavorecidas a cuenta del desigual reparto de los fondos procedentes de las arcas del Estado. Pendiente de reforma desde 2014, el modelo ya no se sostiene por cuanto que en la práctica facilita el desencuentro entre dos Españas a distintas velocidades y provoca la percepción de que hay ciudadanos de distinta categoría según su lugar de residencia. La España que se despuebla también tributa y sus habitantes tienen derecho a recibir servicios de idéntica calidad que los de la España más poblada y próspera. Camino de cerrar el primer cuarto del siglo XXI, con situaciones económicas, políticas y sociales bien distintas a las de la época de la Transición, un principio integrador debe mantenerse firme entre los que sostienen las vigas del edificio constitucional: el de la necesaria solidaridad entre los distintos territorios que componen la nación.

Tras años de espera, de debates de expertos y parches permanentes, el avance del nuevo modelo de financiación autonómica fue presentado por la ministra de Hacienda en vísperas del largo puente de la Constitución, como si subyaciera la intención de hacerlo pasar de puntillas. La propuesta inicial reduciría la aportación estatal a Galicia en torno al 2,72%, según la aproximación estadística realizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. La prospección realizada por Fedea revela que en las estimaciones del nuevo reparto saldrían perjudicadas las grandes comunidades que lidera el PP: Galicia, Madrid y Andalucía. Saldrían beneficiadas como regiones mejor tratadas Extremadura, Aragón y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE. Curiosamente, todas las autonomías que participaron hace un mes en la cumbre de Santiago de Compostela salen ganando salvo la gallega, la peor tratada junto con Canarias en el borrador adelantado por Hacienda.

En una primera valoración, a falta de conocer más detalles y propuestas, la Xunta, aunque aprecia algunos “avances”, alerta sobre dos claros fiascos, relativos a que no se evalúa suficientemente ni el impacto de la población más envejecida en la sanidad ni la dispersión, asuntos centrales para los que se reivindicaba prioridad. También el BNG ha expresado su preocupación. El Gobierno gallego ha hecho oír sus justas reclamaciones, tanto a título particular como dentro del foro de las comunidades más despobladas, que aglutina a casi dos tercios del territorio nacional, pero solo a la cuarta parte de sus habitantes. Los 11 millones de personas que habitan Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, con gobiernos de distinto signo político pero afectados por problemas comunes, tienen derecho a reclamar un trato más justo e igualitario, e incluso disponer de mecanismos financieros que permitan hacer frente al coste real de los servicios públicos, cuyo encarecimiento es evidente cuando confluyen en un mismo territorio factores como la dispersión, la orografía, la baja densidad poblacional y el paulatino envejecimiento.

Para financiar el gasto creciente de la sanidad y de la dependencia en comunidades que como la nuestra han perdido capacidad de recaudación fiscal hace falta más dinero transferido desde el Estado. Por ese motivo es tan inexcusable una financiación autonómica basada en la cohesión y la fraternidad interterritorial que diluya el enfrentamiento entre la inanición de las regiones menos pobladas y menos ricas y la voracidad de las que más habitantes suman y más recaudan. Algunas de las cuales, además, basan su capacidad para ejercer presión en la posibilidad de negociar bilateralmente sus condiciones con el Gobierno de turno.

No se trata solo de justicia social: no es de recibo que comunidades como Galicia, que han sabido comportarse con más mesura en la gestión de la Hacienda propia, tengan que soportar que territorios que han incumplido los límites de déficit y acumulado una enorme deuda con la Administración central, como Valencia y Cataluña, reclamen ahora más fondos estatales para devolver los débitos. Un patrón de reparto que prime a los incumplidores se antoja espurio y políticamente insostenible. Modelos como el sistema foral del que se benefician el País Vasco y Navarra, que no existen en ninguna otra parte del mundo, provocan también una asimetría cada vez más difícil de justificar.

Haría bien el Gobierno de la nación en tomar buena nota de las inquietudes de Galicia y del llamado “G8 de la España despoblada”, anunciadas tras la cumbre del pasado mes en Santiago de Compostela. Otros lo están haciendo animados por la experiencia parlamentaria de Teruel Existe y con la vista puesta en las próximas elecciones. La futura financiación autonómica debería ser la herramienta más poderosa para combatir el declive demográfico que amenaza a tantas provincias españolas y mejorar los servicios que prestan. Convertir el debate, que conviene acometer con serenidad, en un campo de batalla entre autonomías con realidades muy diferentes no ayudará a recuperar el reequilibrio territorial en el que se basa la convivencia social y el buen funcionamiento del país.