Han transcurrido casi 44 años desde la entrada en vigor de la Constitución y me parece que es un período de tiempo suficientemente extenso como para que pueda hacerse un chequeo sobre cómo han resistido al paso del tiempo los principios esenciales en los que se fundamenta nuestra Carta Magna. Voy a ofrecerles, como es lógico, mi opinión al respecto, y me esforzaré por ser lo más objetivo posible. Examinaré fundamentalmente el Título Preliminar ya que es el que contiene los pilares en los que se fundamenta la Constitución y metodológicamente iré formulando preguntas que irán seguidas de mis respuestas.

1.- ¿Se puede afirmar que España es hoy un Estado social y democrático de Derecho? La respuesta es afirmativa con algunas matizaciones. Creo que no se exagera al afirmar que España es un Estado social de Derecho. Desde la entrada en vigor de la Constitución, la Nación española ha ido construyendo un Estado de Bienestar en el que la ciudadanía ha ido mejorando progresivamente la cobertura de sus necesidades sociales, con dos notorios altibajos. A saber: la crisis económica de 2009 y la reciente pandemia de la COVID-19. Estos dos sucesos empobrecieron significativamente a una parte cuantitativamente importante de la ciudadanía.

Las cosas son algo distintas si valoramos la salud democrática de nuestro Estado de Derecho. Es verdad que formalmente hay división de poderes y que gozamos de libertades constitucionales plenas. Pero también lo es que, si nos fijamos atentamente en el funcionamiento de los tres poderes del Estado, puede observarse que los partidos políticos han adquirido tal poder que se ha borrado la separación fáctica entre el poder ejecutivo y el legislativo, y que no han desaparecido los intentos de algunas formaciones políticas por controlar el poder judicial. La realidad revela que más que democracia lo que se ha desarrollado es una poderosa partitocracia y que la democracia subsistirá como tal mientras las formaciones políticas que ostenten el poder sean auténticamente democráticas. Por su parte, las libertades constitucionales gozan de bastante buena salud gracias a la innegable protección que reciben de los Tribunales de Justicia.

2.- ¿Cómo se han asentado en nuestra realidad el principio de la indisoluble unidad de la Nación española y el reconocimiento de las autonomías? Este es uno de los puntos en el que no acaban de acompasarse las tensiones centrífugas y las centrípetas mantenidas por movimientos políticos de signo contrario. Hay partidos de ámbito nacional, cuya organización replica la estructura territorial del Estado: están organizados bajo el principio de unidad, pero descentralizados de acuerdo con el mapa de las autonomías. Hay otros partidos también de ámbito nacional con una estructura centralizada y sin compartir el poder con organizaciones territoriales. Y hay partidos organizados exclusivamente en torno a poderes territoriales locales que consideran que su territorio es su única Nación y que propugnan su separación de España. La respuesta económica que recibieron estos partidos localistas de los partidos mayoritarios cuando los necesitaron para gobernar debilitó seriamente el principio de la solidaridad interterritorial. Finalmente, la radicalización de algunos de estos partidos localistas de sus tesis independentistas ha puesto en juego gravemente en fechas recientes el principio de unidad nacional. Hay un problema en este punto que parece muy difícil de resolver.

3.- ¿Qué ha sucedido con la Monarquía parlamentaria? Esta es una cuestión que suele ser objeto de un planteamiento intencionadamente borroso y que debe valorarse teniendo en cuenta que parecen pugnar una minoría activa contra una mayoría silenciosa. Hablo de un planteamiento intencionadamente malicioso, porque los partidarios de la república contraponen, sin más, la república a la monarquía, omitiendo el adjetivo “parlamentaria”. Lo cual significa prescindir del dato fundamental de que nuestra monarquía es representativa y en la que el rey simboliza la unidad y permanencia del Estado, como titular de un poder moderador del funcionamiento de las instituciones democráticas. Es decir, los republicanos comparan simplemente monarquía y república y omiten el dato de que nuestra monarquía es parlamentaria, democrática y representativa. Y en cuanto al grado de aceptación de la monarquía parlamentaria, una encuesta realizada en julio de 2021 por la prestigiosa firma GAD3 para ABC señala que el 55,3% de los encuestados considera que la actual Monarquía Parlamentaria es el modelo de Estado preferible para España, mientras que el 36,9% preferiría la República. Sin embargo, al ser los partidarios de la república menos pero más activos, puede obtenerse la falsa impresión de que el pueblo español está en desacuerdo con nuestra forma política del Estado.

4.- ¿Qué pasa con el castellano y las demás lenguas españolas autonómicas? La Constitución de 1978 establece en su Preámbulo que la nación española proclama su voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Esta declaración de la Constitución fue recogida en el artículo 3 que dispone que el castellano es la lengua oficial del Estado; que las demás lenguas españolas son también oficiales en sus respectivas Autonomías; y que todas las modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Pues bien, a pesar de lo que antecede en algunas comunidades autónomas se lleva tiempo utilizando su lengua específica como un arma política estratégica al servicio del nacionalismo separatista, que considera que la lengua específica es no tanto un patrimonio cultural que hay que respetar y proteger en el marco de una convivencia constitucional pacífica de todas las lenguas españolas, cuanto un instrumento político de exclusión y separación de los ciudadanos.

La conclusión de este somero repaso es, en mi opinión, que, aunque se percibe una nueva estrategia política de acoso y derribo a lo que representa la Constitución, la deconstrucción constitucional no acaba de calar en la ciudadanía. Por eso, entre los problemas del pueblo soberano no aparece la reforma de la Constitución, cuyo texto vigente sigue siendo un esqueleto muy útil para articular la convivencia democrática.