Solo un iluso espera que en la actividad política se respete íntegramente la verdad, ni siquiera en una parte importante. Exigir a los políticos una conducta absolutamente veraz no es, en modo alguno, un ingrediente imprescindible en la actuación política, por lo cual ni por acción ni por omisión los políticos tienen la obligación de decir siempre la verdad. Pero ¿pueden engañar a los electores? No hay ninguna norma que lo prohíba. Lo cual significa que los profesionales de la política pueden realizar actos manifiestos de engaño, como difundir informaciones falsas que puedan inducir a error o engaño a los electores (actos positivos de engaño). Y pueden también omitir informaciones que de haberlas conocido el elector no habría sido inducido a engaño (actos de engaños por omisión). Estos días acabamos de asistir a un acto político de engaño tanto por acción como por omisión, y me voy a servir de él para que puedan ver con claridad a lo que me refiero.
Como seguramente sabrán, el debate político en estos días gira principalmente sobre los impuestos. El Gobierno de la Nación defiende que hay que subirlos y además a los ricos. Justifican la medida en que se necesitan nuevos recursos para atender las necesidades de los menos favorecidos. Y como el Gobierno se autotitula “el Gobierno de la gente” (clases pobres y trabajadoras) nada mejor que pedirles un nuevo esfuerzo a los que tienen más para subvenir a los más necesitados.
Por su parte, el PP defiende la rebaja de impuestos, pero no indiscriminadamente, sino a las clases menos pudientes empezando —y esto tendrá un efecto positivo general— por deflactar el IRPF que, si bien no supone, en rigor, una bajada de impuestos, impide pagar más porque los tramos impositivos se ajustan descontando las subidas debidas a la inflación. Entiende la oposición que bajar los impuestos favorece la inversión porque deja más recursos en manos de los ciudadanos y produce una mayor recaudación, ya que la riqueza creada con las nuevas inversiones es gravada con nuevos impuestos que son los que harán aumentar la recaudación.
Pues bien, sentado lo que antecede veamos los actos de engaño cometidos por el Gobierno. Miembros de nuestro Ejecutivo han atacado la propuesta del PP sirviéndose del ejemplo de la ex primera ministra del Reino Unido. Y es en sus ataques en los que ha incurrido en los dos tipos de actos de engaño.
El engaño por acción lo cometió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al declarar que el plan fiscal del PP es el mismo que el de la “efímera” primera ministra de Reino Unido Liz Truss, que consistía en bajar los impuestos a los poderosos y recortar en gasto público. “Casi lleva a la bancarrota a su país, ojo con la gestión de las crisis —concluyó—, que esto es muy serio”. La afirmación falsa que realiza intencionadamente el señor Bolaños es que Liz Truss propuso recortar el gasto público, cuando lo que en realidad propuso la ex primera ministra fue lo contrario: aumentar el gasto público, con lo cual su programa era inviable porque lo que no se puede al mismo tiempo es bajar los impuestos y aumentar los gastos.
Pero el Gobierno también engañó a los electores a través de un acto de omisión. En efecto, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Alvares, en un acto en Alicante comparó las propuestas del PP con las de la dimitida primera ministra: “Con una bajada masiva de impuestos puso en peligro la propia moneda y obligó al Banco de Inglaterra a intervenir, y ha desencadenado en una crisis política”. Como habrán advertido, lo que intencionadamente omitió el señor Alvares es que la propuesta de bajar los impuestos iba acompañada con la de aumentar los gastos, que fue lo que intencionadamente omitió.
En general, conviene subrayar que el debate solo está parcialmente bien planteado. En efecto, como sucede en las familias, cuando se trata de las cuentas los elementos que entran en juego son los ingresos y gastos. Y sin embargo la polémica sólo gira en nuestra política actual en torno a los ingresos y concretamente con respecto a los impuestos. ¿Qué pasa con los gastos? ¿Los políticos no tienen ninguna obligación respecto de los gastos?
El artículo 31 de la Constitución regula los ingresos y los gastos. El apartado 1 dispone: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Y el apartado 2 establece que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.”. Una rápida lectura de ambos preceptos obliga a concluir que, si bien se pueden establecer nuevos impuestos para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, los gastos no pueden incrementarse ilimitadamente. Hay que programar y ejecutar los gastos públicos de acuerdo con los principios de eficiencia y economía.
Justamente por eso, el debate no debería centrarse exclusivamente en cómo recaudamos más, sino también y, sobre todo, cómo gastamos mejor. ¿Es indiscutible que el gobierno es eficiente en la política impositiva, pero ¿creen que maneja la política de gastos con eficiencia y economía? Considero que está muy lejos de ello. Que quede muy claro, pues, que la propuesta del PP es bajar impuestos y reducir gasto público y por lo tanto bajar la deuda, que es la receta completa del centro derecha liberal. Receta que beneficia a todos y no solo a las clases privilegiadas en la medida en que mejora la economía general del país.
