El ‘banco malo’ se convierte en el ‘banco sospechoso’

En plena campaña de las municipales, la vivienda irrumpió en el debate político como uno de los temas cruciales de enfrentamiento entre el bloque de izquierdas y el de derechas. Pedro Sánchez anunció en un mitin que el Gobierno daría órdenes a la Sareb para que pusiera a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la bolsa de vivienda disponible que estaba en sus manos.

La medida tuvo un importante eco, ya que el acceso a un alquiler a un precio razonable (no digamos ya a la compra de un piso) se ha convertido en este país en una especie de misión imposible e inalcanzable para la gran mayoría de la población.

Además, se trata del modo más justo de devolver a la población lo que ya pagó con sus impuestos, puesto que la bolsa de suelo y casas que está ahora mismo en manos del conocido como banco malo proviene de ese rescate de las entidades que le cuesta, a fecha de hoy, al Estado más de 43.000 millones de euros.

Tras aquel anuncio inicial, que fue seguido de otros como la puesta en manos del Ministerio de Vivienda de las parcelas de Defensa que ya no tienen un uso militar, comunidades y ayuntamientos lanzaron sus peticiones a la Sareb para intentar conocer lo más rápidamente posible la bolsa de viviendas que tendrían en sus territorios para poder ponerlas, lo antes posible, en manos de los ciudadanos.

Sin embargo, la prontitud de la reacción de los concellos y las autonomías contrastó en aquel momento con la falta de interés que desde el banco malo mostraban por la iniciativa. Los responsables de la Sareb parecían tener muy claro que su trabajo consiste en obtener el mayor rendimiento económico posible por esos bienes rescatados de los bancos quebrados y poco o nada les importaron, de un lado, las instrucciones del Gobierno, y, del otro, las necesidades de la sociedad.

En A Coruña, la sucesión de acontecimientos fue una especie de caos descontrolado en el que se pasó de decir que no había ni un solo piso que ceder a, de repente, en plena campaña electoral y tras una reunión con la en aquel entonces alcaldesa en funciones, Inés Rey, asegurar que estaban en disposición de ofrecer 67 viviendas para su inmediata ocupación.

Ahora, apenas mes y medio después, y tras una reunión con responsables de vivienda de la Xunta, la Sareb vuelve a desdecirse y se enroca en la postura inicial: ni un piso para ceder en A Coruña. Es más, según ha trascendido, en las grandes ciudades gallegas solo disponen de dos en Vigo y dieciocho en Ferrol.

Resultan patéticas estas idas y vueltas de una entidad que tendría que estar al servicio de los ciudadanos ya que, como ya señalamos, esos bienes, que atesora y que con los que parece querer hacer negocio a imagen y semejanza de lo que sucedía poco antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, se hizo con ellos gracias al dinero del Estado que, como todo el mundo sabe, sale del pago de los impuestos de todos y cada uno de los españoles.

Es incompresible que cada pocas semanas nos encontremos con afirmaciones absolutamente contradictorias por parte de los responsables del banco malo que más parece el banco tonto, ya que parece que no es capaz de saber con cierta solvencia las viviendas de las que dispone en un determinado territorio.

Desde luego, es preferible pensar que sus constantes contradicciones son fruto de su incompetencia y no caer en la tentación de sospechar que con aquella declaración efectuada en plena campaña electoral de las municipales intentaron, de algún modo, influir en la intención de voto de los ciudadanos.