Liberticidio universitario

Si me preguntaran a qué se parece la Libertad diría que, al aire, algo que es básico para vivir como ciudadano, que no se ve si se tiene, pero que provoca asfixia, si falta. También se parece a la Salud porque no le damos importancia cuando la tenemos y, en cambio, la valoramos muchísimo cuando estamos enfermos.

Pues bien, hoy es un mal día para muchos seres humanos porque acaban de perder la libertad. No la Libertad con mayúsculas, es decir, la que en los sistemas democráticos asegura la libre determinación de las personas y su derecho a disfrutar de los derechos inherentes a la dignidad humana, tales como las libertades de pensamiento, de expresión, de información, y otras muchas que se reconocen como derechos del ser humano. No dicha libertad, insisto, porque ya la habían perdido hace tiempo, sino la libertad de enseñanza y educación.

Los ciudadanos a los que me refiero son los cerca de siete millones de nicaragüense a quienes un dictador, Daniel Ortega, les ha ido apagando, con la sorprendente pasividad del mundo libre, el sol de la esperanza que supone amanecer libre cada día. En efecto, los nicaragüenses han sido privados poco a poco de los derechos y libertades que reconoce a todos los individuos la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se hace constar, en su artículo 18, que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

El último paso en este macabro camino del liberticidio que viene cometiendo la Dictadura de Daniel Ortega ha sido acusar de terrorismo a la Universidad Centroamericana de la ciudad de Managua (UCA). Esta universidad centroamericana cuenta aproximadamente con cinco mil estudiantes y fue la primera universidad privada que se estableció en Centroamérica. Fue fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, como “una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”. Actualmente la UCA es considerada como el último centro de pensamiento libre que quedaba en Nicaragua, y una de las universidades más importes del país.

Al parecer el conflicto entre el Gobierno del dictador Daniel Ortega y la UCA tiene su origen en las protestas populares de 2018, en las cuales dicha universidad se convirtió en refugio de los estudiantes perseguidos, y en un actor político en los intentos de diálogo que hubo entre la oposición y el gobierno.

La actuación del gobierno contra la UCA ha sido perfectamente planificada. En lo que va de agosto el régimen nicaragüense congeló las cuentas bancarias de la universidad, a través de la Superintendencia de Bancos; inmovilizó todas sus propiedades, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR); e inhabilitó su Centro de Mediación de justicia, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El punto que parece final tuvo lugar el pasado miércoles en que el gobierno ha ordenado la confiscación de todos los bienes de la universidad. En ese día la UCA recibió un oficio que decía: “Hacemos de su conocimiento que el día 15 de agosto del corriente año, a las 5.29 minutos de la tarde, hemos recibido oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la Jueza Dra. Gloria María Saavedra Corrales”, donde se notifica “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”. Asimismo, señala la jueza que “ordena que la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.

La UCA afirmó, por su parte, que esas disposiciones se tomaron “en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”. Y avisó de que “suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”.

Desde la propia Universidad acusan al dictador de actuar con un espíritu de venganza y de llevar a cabo un ajuste de cuentas perpetrado contra una institución que siempre ha alzado la voz contra las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos y ha defendido su autonomía universitaria en las últimas décadas.

En el mundo moderno, es un valor común el de que la soberanía de las naciones reside en el pueblo, que es del que emanan todas las instituciones. Pero la voz del pueblo solo puede manifestarse cuando se expresa con libertad. Nadie puede apropiarse indebidamente de la voluntad ciudadana y mucho menos aún si se trata de un liberticida que abusa del poder que jamás debe utilizarse en contra de la voluntad del pueblo del que emana.

Y es que el poder, cuanto más totalitario es, en menor medida admite la oposición de las ideas, las cuales son, como escribió Stefan Zweig, las fuerzas inmateriales más poderosas puestas al alcance del hombre. Armas contra palabras. Este es el resumen del conflicto entre el gobierno y la UCA. Solo puedo acompañar mi llanto por este liberticio universitario con el inquietante poema de Bertolt Brecht:

“Primero se llevaron a los judíos

pero como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas,

pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Luego se llevaron a los obreros,

pero como yo no era obrero, tampoco me importó.

Mas tarde se llevaron a los intelectuales,

pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.

Después siguieron con los curas,

pero como yo no era cura, tampoco me importó.

Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.

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