Tarde pero imprescindible

Después de muchos años de espera el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales que durante décadas llevaron a cabo religiosos y religiosas en el ámbito de la Iglesia Católica española comienza, poco a poco, a desentrañar la telaraña de mentiras, verdades ocultas y miserables delitos que la Iglesia Católica ha tratado, desde que se conocieron los primeros casos, y por todos los medios posibles, que no se investigasen. Con título Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, y con una extensión de 779 páginas, la Comisión Asesora ha llevado a cabo un estudio exhaustivo y completo de la situación real de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia, cuyo elemento principal es la constatación de que se llevaron a cabo de manera prolongada en el tiempo, por personas que sabían perfectamente lo que hacían, eliminando, por tanto, cualquier clase de eximente, y que fueron encubiertos por la jerarquía católica cuya existencia tuvo conocimiento mucho antes de que la opinión pública conociera, gracias a las investigaciones periodísticas y a las primeras denuncias individuales, la profundidad y el alcance de los delitos cometidos.

Si la Iglesia Católica negó los hechos en un principio, puso después todas las trabas posibles para que se investigaran los abusos y por último arrastró los pies cuando la gran investigación y esclarecimiento de los hechos que se puso en marcha exigía a la Iglesia aportación de datos y su colaboración, ha sido por su temor a que todo terminase con una condena a indemnizar a las víctimas. La Iglesia en España posee decenas de miles de inmuebles de toda clase producto de piadosas donaciones de creyentes que piensan que si donan sus bienes más valiosos conseguirán en el cielo eterno algún tipo de atención especial. Al menos creo que es así. Si la Iglesia hubiese reconocido desde el principio su culpabilidad y se hubiese mostrado dispuesta a tratar de solucionar en la medida de lo posible los estragos y las secuelas que provocaron los abusos sobre niños y niñas cometidos por sus miembros, su patrimonio hubiera menguado de manera considerable.

Como he dicho antes el informe de la Comisión para el Defensor del Pueblo es un examen completo y pormenorizado de los abusos cometidos, pero hay un apartado que me parece fundamental. Bajo el título Dimensión estructural del abuso la comisión de expertos explica que los abusos tuvieron una dimensión estructural y que por tanto la víctima “siente que también abusa de ella la comunidad que lo permite o que lo encubre”. Existe, por tanto, una relación de poder del abusador sobre el abusado, una autoridad moral, personal y espiritual de la que los miserables eclesiásticos se aprovecharon, desde su condición y de su auctoritas, para cometer delitos execrables sobre, no olvidemos, niños y niñas de corta edad. La respuesta tradicional de la Iglesia ha sido siempre la negación de los hechos y la utilización de un lenguaje que victimizaba a la víctima de manera doble. En primer lugar, por tener que soportar a un religioso repugnante y en segundo lugar haciéndole creer mediante un lenguaje sutil que si habían ocurrido estos abusos en parte era por su culpa. Ya en los primeros albores del cristianismo, en los últimos años de la dominación romana de Europa, los ermitaños que se iban a vivir a cuevas tenían temor a caer bajo el influjo del demonio que se les aparecía en sueños en forma de mujer o de efebo.

Como las presiones de la sociedad, las víctimas y las investigaciones periodísticas pusieron contra las cuerdas a la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal encargó, en febrero de 2022, una auditoría sobre la pederastia en el seno de la Iglesia al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. A pesar de los ultimátums dados por la jerarquía católica para que este despacho terminase en un plazo concreto su informe, y aunque ha habido varios aplazamientos, Cremades no ha sido capaz de entregarlo de momento. Qué habrá descubierto. En cualquier caso de lo que se ha ido conociendo es más que seguro que propondrá indemnizaciones y que hay miles de víctimas y de abusadores. No fueron casos sueltos, por si alguien tiene la tentación de decirlo.

Lo que está claro es que los profesores abusadores de colegios católicos y de parroquias con acceso a niños no terminaban en ellos por casualidad. Pedían este destino de manera voluntaria. Desde un punto de vista estadístico resulta imposible creer que el azar pusiera a miles de pederastas en lugares rodeados de niños y niñas. Las pocas veces que, durante el franquismo sobre todo, los padres conseguían exponer su caso ante el obispo de turno, el abusador era enviado a otro destino. Por supuesto no intervenía la justicia ya que la conexión entre la dictadura franquista y la Iglesia Católica era de total colaboración teniendo la Iglesia libertad de actuación y sus miembros aforamiento. En cualquier caso hay que reconocer que los miembros del clero que cometieron cientos de miles de abusos tuvieron suerte. Conozco a más de un padre que, en la actualidad, se tomaría la justicia por su mano.

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