El problema infinito

En el texto del acuerdo entre PSOE y Junts aparece muchas veces la palabra “histórico”. Histórico es el conflicto sobre el futuro político de Cataluña, como lo es el recorrido de las reivindicaciones y demandas de esta comunidad autónoma. También es histórica la complejidad de sus cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales o la oportunidad para buscar una solución. El abuso del adjetivo, que acaba perdiendo su significado, provoca el efecto contrario al deseado; denota una falta de seguridad en lo que con tanta insistencia se afirma, revelándose también un desesperado afán de trascendencia.

Sin embargo, que la prosa empleada en el documento carezca de sustancia no resta gravedad a lo que en este se sugiere. Los de Junts explican lo sucedido en 2017 como una consecuencia lógica de los agravios sufridos por el pueblo catalán desde los Decretos de Nueva Planta, pasando por la dictadura franquista (periodos de “limitación legal severa”, “prohibición” y “persecución activa”) y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, hasta el fracaso del pacto fiscal, sin tener en cuenta a la Cataluña constitucionalista y obviando tanto la ampliación de competencias como las demandas atendidas por gobiernos democráticos de distintas ideologías que gobernaron con el apoyo explícito de lo que entonces era su partido.

El PSOE no parece discrepar de ese relato sesgado de los antecedentes, aunque rechaza la legalidad del referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, proponiendo sus propias soluciones al conflicto, que será negociado, según ambas partes, bajo la supervisión de un verificador internacional. El texto es también previsiblemente monotemático (la identidad nacional, los impuestos, etc.) y está escrito con ambigüedad, se supone que intencionada; se habla de abordar “disensos” y “disfunciones” como metodología de negociación, de plantear ciertas cuestiones “de forma no exhaustiva”, de “alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”. Aunque la ausencia de concreción en algunos puntos contrasta con la claridad que se tratan otros asuntos más urgentes y prosaicos: la investidura de Pedro Sánchez y las causas judiciales de Puigdemont. De esa necesidad surge la ley de amnistía, gracias a la cual unos gobernarán y otros se librarán de la cárcel.

Nos dicen que esta medida no solo se adopta por razones puramente pragmáticas, de gobernabilidad, sino también por el bien de la convivencia en Cataluña, pues así se reincorporan al marco constitucional quienes decidieron saltarse las reglas. Pero la amnistía, a propósito de la cual se pone en cuestión el estado de derecho en España (lawfare), requiere un consenso más amplio que una operación de aritmética parlamentaria para salvar el presente de un gobierno. De eso carecían también los independentistas cuando quisieron imponer en Cataluña un nuevo régimen al margen del Estado.

La amnistía es una decisión gubernamental, comparable a las tomadas durante la Transición por sus efectos a largo plazo, que nunca debería circunscribirse a los pactos concretos de una legislatura. Y “el problema catalán”, a pesar de lo que se pretende dar a entender en el acuerdo, no se resolverá, se irá posponiendo infinitamente, que es una forma de conllevarlo, siguiendo la actitud resignada de Ortega y Gasset, hasta que, en el escenario apropiado, vuelva a resurgir de nuevo; con él tendrán que lidiar las futuras generaciones, para las cuales el procés constituirá un precedente inesquivable cuyas consecuencias legales y políticas todavía desconocemos.

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