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Un acuerdo que marcará el futuro de A Coruña

Inés Rey y Francisco Jorquera en la firma del acuerdo del presupuesto.

Inés Rey y Francisco Jorquera en la firma del acuerdo del presupuesto. / Iago López

EDITORIAL LA OPINIÓN

EDITORIAL LA OPINIÓN

Poco a poco se van conociendo los detalles del presupuesto municipal de A Coruña que PSOE y BNG pactaron el pasado viernes. Solo la noticia de que ambas formaciones han logrado un acuerdo supone ya un importante avance, puesto que la ciudad viene de unas cuentas prorrogadas. Ambas formaciones aseguran que el proceso no fue sencillo, pero lo importante es que la ciudad comenzará 2024 con un presupuesto cerrado y aprobado. Además, se trata del más elevado de la historia. Un incremento cifrado en un 21% y que lleva el montante total a 375 millones de euros. Una cantidad muy importante que lo es más si tenemos en cuenta el carácter social de las cuentas, un aspecto que destacaron en la presentación del acuerdo tanto la alcaldesa, Inés Rey, como el portavoz del Bloque, Francisco Jorquera.

Uno de los compromisos adquiridos entre ambas formaciones ataca de forma directa uno de los principales problemas que ahora mismo sufre A Coruña: la vivienda. El pacto contempla que se destinen fondos para la construcción de 500 pisos para destinarlos al alquiler a precio tasado. Del mismo modo, los dos partidos se comprometen a agilizar los permisos para que se puedan levantar en la ciudad 4.000 viviendas hasta el año 2030.

Si a esto le sumamos la repercusión que sobre el mercado pueda tener la declaración de A Coruña como zona tensionada, algo a lo que ahora la Xunta se muestra dispuesta tras su negativa inicial, semeja que comienza a encarrilarse una situación preocupante y agobiante para muchos vecinos de esta ciudad.

Más allá de que el proyecto de reforma de los Cantones se convierta en realidad o de que la peatonalización de calles llegue también hasta la Sagrada Familia, otro asunto que figura en el acuerdo es el análisis de dos concesiones, una que acaba el año que viene, la del transporte público urbano, y la otra, ya caducada, la de la planta de Nostián.

Sobre la primera, la de los autobuses, el BNG siempre se mostró partidario de municipalizar el servicio. Sin embargo, lo que ha transcendido hasta el momento es que se analizará una mejora integral del servicio, ampliando los horarios para adaptarlos a las necesidades de los usuarios y optimizando las líneas, sobre todo las que intercomunican entre sí a los diferentes barrios.

En lo que respecta a la recogida de basuras, el actual contrato lleva casi cuatro años caducado y la ciudad tiene que adaptarse a la normativa estatal implantando de forma inminente el quinto contenedor. Recientemente trascendió que el Concello estudia con la Xunta la posibilidad de aumentar el número de biodigestores de Nostián (ahora mismo hay cuatro, pero uno de los tanques explotó en 2002 y otro está, de acuerdo con la documentación del Ayuntamiento, fuera de servicio). Por ello, es preciso que PSOE y Bloque acuerden el sistema por el que apostará la ciudad y que marcará las próximas décadas.

Es de suponer que el acuerdo presupuestario se extienda también a otro de los asuntos fundamentales para A Coruña y que no es otro que el futuro de los muelles urbanos. Los nacionalistas incluyeron en su pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez que el Gobierno garantizará la condición pública de los terrenos. Un paso importante, pero que no se concretó con una solución definitiva para la deuda contraída por la Autoridad Portuaria para la construcción de punta Langosteira.

Ese mantenimiento de la condición de públicos de los terrenos supone que el proyecto de sacar a subasta el suelo para la construcción de viviendas queda olvidado, pero falta determinar el uso que se le dará a todo ese suelo que los coruñeses han comenzado a recuperar aunque sea en pequeñas porciones y gracias a la iniciativa de entidades privadas como la Fundación Marta Ortega Pérez.