La batalla contra la violencia machista exige mucho más

En las 48 últimas semanas han muerto 54 mujeres víctimas de la violencia machista. El último caso, el pasado viernes en Sigüeiro, cuando un hombre de 88 años mató a su mujer de 80 —enferma y con movilidad reducida— a cuchilladas para suicidarse a continuación. 54 fallecidas en 2023, hasta ahora es un balance escalofriante, pero el número debería ser aún mayor si se computasen crímenes como el ocurrido recientemente en Porriño, cuando una mujer fue estrangulada por un hombre, presunto solicitante de sus servicios sexuales. Sin embargo, como entre una y otro no existía una relación de pareja o expareja, la estadística gubernamental no la registra, algo que merece seguramente una revisión. En cualquier caso, 53 fallecidas es una cifra sencillamente insoportable. Hasta el Gobierno ha tenido que admitir que las cifras no eran “buenas” y que se hace necesario realizar un esfuerzo en todas las direcciones para atajar este drama diario.

Han pasado casi veinte años desde la primera ley específica aprobada por el Parlamento español contra la violencia de género, en octubre de 2004. Dos décadas en las que resulta fácil comprobar que aún queda mucho por recorrer.

Estamos ante un problema complejo que requiere de la unidad de todos los políticos, de la renuncia a su instrumentalización partidaria y de la implicación de la sociedad en su conjunto. A pesar de aumentar los recursos destinados a combatir esta lacra inadmisible y de reforzar los instrumentos legales para erradicarla, las agresiones no cesan. En algunos casos se han producido incluso retrocesos.

Alarma, en especial, el concepto peligrosamente laxo que muchos jóvenes tienen hoy sobre las situaciones de este tipo, y su tendencia a normalizar actitudes machistas de violencia física, psicológica, económica y, cómo no, digital. Es más, los propios implicados en la lucha contra la violencia machista —policías, fiscales, jueces, asociaciones feministas...— nos advierten de que las víctimas son cada vez más jóvenes.

Hace unas décadas se asociaba este fenómeno a una generación determinada, la de menor acceso a la formación y el mercado laboral.

La realidad, tozuda, nos demuestra que ni la clase social ni el nivel educativo evitan que las mujeres continúen siendo prisioneras en su propio hogar, o que cualquiera se puede convertir en víctima objetiva de violación o asesinato por su condicionante sexual. Pese al paso de los años y las campañas realizadas, los prejuicios se mantienen.

Una cuarta parte de la población de chicos entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe. Lo mismo suscribe un 12% de las chicas, según los datos del Barómetro Juventud y Género 2023 elaborado por la organización Fad Centro Reina Sofía. Con respecto a hace tan solo cuatro años, los porcentajes crecen un 10% entre los chicos y casi ocho puntos entre las chicas.

Esta, lamentablemente, es la realidad, a pesar de que, en términos generales, los expertos nos digan que existe una mayor sensibilización entre la población. Pero el fenómeno dista mucho de ser menor: más de un 87% de los encuestados aseguran conocer situaciones de violencia de hombres contra mujeres en su entorno cercano.

El mal uso de la tecnología cotidiana, el acceso a redes sociales y a internet se ha convertido en una peligrosa puerta por la que entra cualquier tipo de contenido, sin el menor control. Los niños tienen a muy temprana edad, incluso los siete años, su primer contacto con la pornografía, una vía para la cosificación y la mercantilización de la mujer, paso en muchas ocasiones previo a su desprecio y a su agresión.

Cada día son más jóvenes los verdugos y las víctimas que, en muchos casos, ni siquiera aciertan a identificar las violencias “no visibles”: el control de los adolescentes sobre sus parejas respecto al uso del móvil o la vestimenta, a sus relaciones, el lenguaje vejatorio... Hay que cortar de raíz esta tendencia, reforzando la enseñanza y los mensajes de tolerancia, igualdad y respeto en el hogar y las aulas.

La violencia de género aún está lejos de erradicarse porque tampoco se ha avanzado lo suficiente en la sensibilización pese a las permanentes campañas, las protestas, las manifestaciones.

Los hechos demuestran que se actúa cuando la agresión es inminente o ha sucedido. Demasiado tarde. Un porcentaje mínimo de las denuncias tiene su origen en la valentía de la víctima. Solo en casos contados fue su entorno quien dio el paso. En el resto, hubo un incidente que requirió actuación policial. Falta prevención y atención. No hay cuerpo policial capaz de asumir la vigilancia todo el tiempo de las miles de mujeres amenazas. Muchas tienen menores a su cargo, tan víctimas como sus madres, que arrastran traumas desde la infancia. De hecho, la violencia machista vicaria, la que se ejerce sobre los hijos para hacer daño a la madre, es un fenómeno en expansión.

El problema es complejo y no existen soluciones milagrosas, pero si algo resulta evidente es que lo que se ha hecho no es suficiente. Se necesita más esfuerzo, recursos, colaboración, coordinación, sensibilidad. En palabras de Teresa Peramato, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer: “Queda mucho camino por recorrer, muchos retos que alcanzar, y la herramienta fundamental es una formación de calidad que exige escuchar a las víctimas y a los expertos, analizar las críticas desde la objetividad; conocer la realidad para no incurrir en errores en el diagnóstico y ser efectivos en la prevención y protección de estas víctimas”.

Demasiada tarea por delante que exige no perder ni un segundo en debates estériles, condenar las posturas negacionistas o banalizadoras —rias o despachos de consejerías ocupados por la ultraderecha— y dar nuevos pasos en una lucha sin cuartel. Porque de lo que estamos hablando, y sin exagerar un milímetro, es de un asunto de vida o muerte.