Contra el desperdicio alimentario

El ciclo navideño que estamos a punto de cerrar ha estado, como es habitual, marcado por el consumo. Han sido días que invitan a comprar más y a organizar comidas más copiosas. Pero incluso en estas fechas, muchos hogares han vigilado de no excederse en gastos, con la inflación por encima del 3%. También es costumbre en muchas casas aprovechar las sobras del día anterior. No solo en Navidad, hay muchas familias que practican algo tan antiguo como no despilfarrar la comida. Y si hasta no hace mucho la motivación principal era la económica, en los últimos años va ganando fuerza otra razón de peso: el cuidado del planeta. El cambio climático, y en especial la sequía, ha puesto de relieve que sus efectos en la agricultura y la ganadería pueden poner en jaque la seguridad alimentaria. El valor del ahorro no es solo el económico, sino también y sobre todo, de recursos naturales.

Otras iniciativas en restaurantes y supermercados para no tirar comida a la basura, rebajando el precio o donando alimentos sobrantes o a punto de caducar, también indican que algo está cambiando. La lucha contra el desperdicio alimentario, como ocurre con la ropa de segunda mano y otras acciones que promueven el consumo eficiente, se revaloriza, se dignifica y gana adeptos. Que cada vez más gente, y en especial las generaciones más jóvenes, se sumen sin complejos a estas prácticas refleja un cambio de mentalidad que hemos de celebrar.

La concienciación social va en aumento, pero aun así no es suficiente. Diferentes cálculos estiman entre 77 y 31 los kilos de comida sin consumir que tira cada español al año. Y si se amplía el foco a toda la cadena alimentaria, desde el primer eslabón de la producción hasta que llega al consumidor final, la conclusión es más alarmante: se estima que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo acaban en la basura.

Es preciso un empuje legislativo para reducir estos números. No depender de la voluntariedad de los más concienciados, sino acompañar esta sensibilización con unas obligaciones, acompañadas de sanciones en caso de incumplirlas, dirigidas a los puntos de la cadena donde más se puede actuar en la prevención del despilfarro: los productores y distribuidores. El descarte de frutas y verduras perfectamente comestibles por no cumplir determinados estándares estéticos ya no es defendible. Y dar una salida a estos productos que no tienen hueco en el mercado no debe depender de la buena voluntad de algunas empresas o entidades sociales, sino que hay que establecer mecanismos de igual cumplimiento para todos.

La regulación, en este sentido, ya va tarde. Hace tres años, el Gobierno hablaba de una futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El proyecto de ley apenas empezó a caminar, ya que el adelanto de las elecciones generales paralizó su tramitación.

En Galicia, la Ley de residuos e solos contaminados obliga a los establecimientos hosteleros a ofrecer a sus clientes los restos de alimentos no consumidos. Además, esta normativa impide vender en Galicia platos, vasos, bandejas o cubiertos de plástico para reducir la presencia de este material, uno de los principales responsables de la contaminación. Sus objetivos pasan por reducir un 30% los residuos de alimentos en 2025 respecto a las cifras de 2010, elevando el porcentaje al 50% cinco años después.

Ahora, el Gobierno central tiene previsto reanudar en las próximas semanas la paralizada ley, que en su momento contaba con el apoyo del PP, el principal partido de la oposición. Una norma que aúna un sentir tan compartido como este no debería encontrar obstáculos para su puesta en marcha cuanto antes.

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