Cuando el trabajo es sinónimo de pobreza

Los datos del paro, hechos públicos el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística, aseguran que el desempleo se ha reducido en Galicia en 16.600 personas durante 2023 mientras que se han creado 34.400 puestos de trabajo. Esto supone que en la comunidad gallega, el desempleo ha descendido más del doble que en la media estatal (un 12,66% frente al 6,4% de recorte nacional). De este modo, la tasa de paro se queda en el 10% al cierre de 2023, dos puntos por debajo del conjunto del Estado. Aún así, en Galicia hay algo más de 114.000 personas que buscan una ocupación.

A priori, estos resultados podrían parece magníficos, ya que reflejan una mejoría importante en el mercado laboral, fundamental para el crecimiento económico del país. Sin embargo, lo que las estadísticas no reflejan es la calidad de ese trabajo que se está generando y que no es todo lo buena que sería deseable. De hecho, asociaciones como la Cocina Económica alertan de un fenómeno que va a más en A Coruña y que se concreta en un llamativo aumento de los usuarios que piden ayuda a pesar de tener ingresos. En opinión de Pablo Sánchez, trabajador social de la entidad benéfica, esta situación se produce no solo por la precariedad de los salarios sino porque ha subido mucho el precio de la vivienda y el alquiler y también la cesta de la compra.

De hecho, la inflación provoca que los hogares gallegos se tengan que gastar 34 millones de euros más al mes en alimentos. A lo largo de 2023, el dinero que las familias de nuestra comunidad han dedicado a comer se incrementó en un 10% y determinados productos, como el azúcar o los huevos han disparado su precio en un 46,7% y un 20,2%, respectivamente.

Todo esto incide en la aparición de esa figura del trabajador pobre, que, pese a tener un empleo no consigue obtener el dinero necesario para sobrevivir con solvencia ya que, como señala Sánchez, los salarios y las condiciones laborales no han subido a la par que el coste de la vida.

Si a esta situación le sumamos el grave problema de vivienda que padece A Coruña, nos encontramos con casos de familias con dos hijos que tienen que vivir en una habitación compartida en un piso con otros residentes. El problema es tan grave que se han detectado a personas viviendo en trasteros de alquiler en condiciones absolutamente precarias.

Hasta 2022, conseguir encontrar una vivienda desde entidades como la Cocina Económica era cuestión de tiempo y paciencia. Ahora mismo, la situación está a punto de tocar techo, y no solo por los precios, sino también por la falta de oferta, lo que ha convertido la búsqueda de un hogar en una misión imposible.

Desde la administración se han articulado diferentes medidas para intentar paliar esta situación, como la utilización de los pisos vacíos de la Sareb, la venta de parcelas de Defensa para la construcción de viviendas y, ahora, la posibilidad de declarar los municipios como zonas tensionadas, lo que provocaría una congelación de los alquileres. Pese a todo esto, ninguna de estas iniciativas ha servido no ya para solucionar este problema, sino tan solo para paliarlo en parte.

Es preciso que todas las administraciones trabajen unidas para intentar revertir esta situación tan perversa que provoca que un trabajo remunerado no garantice las más mínimas condiciones de vida para quien lo desempeña. Si de verdad creemos en el Estado del Bienestar, no se puede consentir que esta situación se prolongue más en el tiempo.

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