La liberación de gran parte de los terrenos que ocupa hoy en día el puerto por el traslado de las actividades que se realizan allí a la dársena exterior hizo que el futuro de esos muelles se convirtiera este año en uno de los ejes del debate político y social en la ciudad. Aunque el PP había mostrado un rechazo rotundo a modificar los convenios de 2004 que prevén la venta de esos espacios para financiar el proyecto de punta Langosteira, el pleno municipal del 9 de enero permitió apreciar un cambio, ya que votó a favor de la moción que defendía la suspensión de la subasta de La Solana y que se busque otra vía para financiar el puerto exterior.
Los populares se opusieron sin embargo a otras dos mociones que reclamaban la devolución gratuita de todos los terrenos portuarios, pero el día 27 de ese mismo mes el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, se reunió en A Coruña con el alcalde y miembros del Gobierno local, quienes le propusieron crear un consorcio para decidir el destino de los muelles liberados y que su propiedad permanezca en manos públicas. Llorca se comprometió a analizar la propuesta y a dar una respuesta en una próxima visita, aunque su regreso se demoró hasta octubre.
Ya en febrero la Autoridad Portuaria suspendió durante seis meses la puja por La Solana y el hotel Finisterre, mientras que en mayo más de 5.000 personas se manifestaron por el centro de la ciudad exigiendo que tanto los terrenos portuarios como otras propiedades estatales en A Coruña continúen siendo públicas. El presidente de Puertos del Estado se escudó en la huelga de los estibadores y la elaboración del presupuesto estatal para no acudir a la cita prometida, pero quince días antes de la última fecha en la anunció que se reuniría con el alcalde se presentó en la ciudad en compañía del presidente de la Xunta para dar a conocer un acuerdo mediante el que los muelles de la Batería y Calvo Sotelo permanecerían como propiedad del Puerto, al igual que La Solana, cuya venta al Concello descartó.
El encuentro con el Gobierno local que
se realizó días después estuvo marcado por la tensión, ya que el alcalde interpretó que Xunta y Ejecutivo central pretende excluir al Concello de la toma de decisiones sobre los muelles. Llorca anunció que el Finisterre será subastado y que el futuro de los terrenos
de San Diego se decidirá en 2022, cuando terminen las concesiones vigentes en ese muelle, lo que Xulio Ferreiro teme que se trate de un aplazamiento a la espera de una mayoría del PP en el pleno municipal. Puertos del Estado rechazó la fórmula del consorcio planteada por el Gobierno local y eludió pronunciarse sobre la propuesta que le presentó por escrito.
