El Consello de la Xunta aprobó ayer el anteproyecto de ley que elevará hasta los 18 años la edad mínima para comprar y beber alcohol, tanto en la calle como en establecimientos públicos. Actualmente, el límite legal está en 16 años, pero siempre para bebidas con menos de 18 grados, como vino, cerveza o licores de frutas. Por debajo de esa edad ya no está permitido. Aunque esta norma nace para evitar el consumo de alcohol por parte de los menores de edad, lo cierto es que no hace ninguna referencia al botellón y la Xunta, al menos de momento, descarta regular esta práctica.

La razón ya se explica en la exposición de motivos de la propia ley, argumentando que el botellón -aunque sin citarlo expresamente- es competencia exclusiva de los ayuntamientos. "La presente ley se promulga bajo el mas estricto respeto a la autonomía municipal y al actual marco normativo que les habilita (a los municipios) para regular, mediante las oportunas ordenanzas, la protección del medio ambiente, la prohibición de venta de alcohol fuera de los establecimientos que tengan licencia para ello, la limpieza en los lugares públicos o el control de los límites de emisión de ruidos", se recoge en le preámbulo.

Por eso la ley se reduce sólo a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, a los que les quedarán totalmente prohibido tanto la adquisición de cualquier bebida con una graduación alcohólica superior al 1,2 de su volumen como su consumo, ya sea en cualquier establecimiento autorizado como en el calle. Por tanto, los menores de 18 años no podrán participar en ningún botellón, aunque sí las personas que superen esta edad, salvo que sus respectivos ayuntamientos restrinjan esta práctica.

La norma limita también todas las prácticas, desde la promoción, los patrocinios o la publicidad, orientadas al consumo de alcohol a los menores de 18 años. La lista de prohibiciones en este sentido es amplísima, incluyendo una regulación específica para las máquinas expendedoras automáticas y hasta que se comercialicen chucherías simulando la forma de cualquier bebida alcohólica, de la misma manera que una persona adulta pueda incitar a un menor a ingerir alcohol.

Las sanciones por infracciones son realmente altas. La más baja es de 601 euros y la más alta posible alcanza los 601.012 euros, además del cierre durante cinco años del establecimiento que venda alcohol a menores. Claro que esto sólo previsto para los casos más extremos de reincidencia.

Las sanciones podrán ser impuestas tanto por la Xunta y sus delegaciones territoriales como por los alcaldes, quienes tendrán potestad para firmar multas de hasta 10.000 euros y el cierre temporal de un local por un plazo máximo de cinco años.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aportó algunos "datos ilustrativos" para justificar la ley. Entre ellos, que desde 2000 las intoxicaciones etílicas atendidas por el 061 aumentaron un 70% y de que los 800 casos atendidos en un año, una cuarta parte tenía menos de 14 años. Otro es que la edad de inicio en la ingesta de alcohol es de 14,1 años o que cuando el consumo abusivo comienza antes de los 14 años, el 50% acaba siendo adicto.