El obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, señaló ayer que los católicos no pueden apoyar el proyecto de ley del aborto del Gobierno ni darle su voto, y, si lo hacen, "están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión". Camino precisó que esto no quiere decir que estén excomulgados, ya que "la excomunión está prevista en el Código de Derecho Canónico para quienes son cooperadores directos de un aborto realizado".
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española inauguró ayer los desayunos informativos de la Fundación San Pablo CEU, con una conferencia sobre "el derecho a la vida". Para el prelado, nadie puede privar de la vida a un ser humano inocente: "Es un principio que no admite excepciones y que está basado en la dignidad inviolable de todo ser humano, lo que significa que el ser humano es un ser en sí mismo, no un medio para un fin; es siempre sujeto y no objeto, y lo es porque no está cerrado sobre sí sino abierto siempre a un fin".
Camino se preguntó: "¿Quiénes son todos, quién es el ser humano?, para responder que donde hay un cuerpo humano vivo hay un ser humano y una dignidad inviolable, y eso ocurre "desde el mismo momento de la fecundación porque el cuerpo se desarrolla desde una continuidad que no permite hablar de prehumano o de posthumano".
Reconoció que pueden existir problemas de todo tipo que lleven a una mujer a tomar la decisión de abortar, y agregó que no son pocas las circunstancias adversas y de todo tipo que pueden llevar a esa decisión, incluso el desánimo de no querer traer a un mundo hostil un nuevo ser humano.
La Iglesia católica, señaló Camino, entiende que "exista esa tentación, pero esas dificultades no tienen que llevar a sacrificar conscientemente la vida de un ser humano incipiente, y, en todo caso, el primer derecho que debe ser protegido es el de los más débiles, porque no es ético que el más fuerte haga prevalecer su derecho sobre el débil".
En el tercer punto de su exposición, el papel del Estado, Martínez Camino dijo que éste debe proteger siempre el derecho a la vida y no puede ponerse por "encima del ser humano". Se trata, indicó, "de un bien público de primera categoría, de la mayor relevancia, que todos tenemos obligación de proteger".
El prelado se refirió también a la objeción de conciencia, como un derecho reconocido en la Constitución dentro del derecho a la libertad religiosa, y felicitó "a quienes hoy ejercen este derecho; hay que agradecerles su coraje cívico y su valentía en una situación que no favorece el ejercerlo".
Por su parte, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que la Iglesia Católica es "mucho más" de lo que, a su juicio, representa el obispo auxiliar de Madrid. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, calificó ayer de "amenazas de hace 60 años" las declaraciones del prelado .
Una opinión que comparten CiU y PNV. El diputado de CiU Pere Macías lamentó ayer "profundamente" como "cristiano católico" las declaraciones de Camino porque la decisión sobre el sentido del voto a la ley del aborto está en "el ámbito de la conciencia" de las personas. "La Iglesia ejerce una presión que no hace ningún bien", señaló. Desde PNV, su portavoz en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarría, interpreta la advertencia como una "intromisión impropia" de las funciones de la Jerarquía Eclesiástica que, no debe meterse en "materias objeto de una regulación legislativa".
