El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado, rechazó ayer pedir una orden de detención para los padres del niño ourensano con problemas de obesidad por no cumplir el mandato judicial de desvelar el paradero del menor a la Xunta para que asuma su tutela.
Según fuentes de la Fiscalía, Delgado trabaja para "presentar lo antes posible" el escrito de acusación contra los progenitores por un supuesto delito de desobediencia por no atender los requerimientos de la Xunta y del juez para entregar al menor y que el Gobierno autonómico posea su custodia. Sin embargo, señalaron que "aún no hay una fecha concreta" para que se formalice dicho escrito fiscal, que por un delito de desobediencia podría suponer penas de seis meses a un año de prisión, y por el de abandono de 18 meses a tres años.
A principios de semana, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense e instructor de la causa, Antonio Piña, reconoció que su decisión estaba "pendiente", a la espera de que el fiscal formalice su escrito "para poder actuar". Como medida cautelar, el fiscal también tiene derecho a solicitar la orden de detención de los acusados, aunque la última palabra la tiene el juez, que decide si la medida procede o no.
Por su parte, el fiscal "está analizando" lo que se ha instruido hasta el momento en relación con el caso del menor, en paradero desconocido desde que el juez concedió su tutela provisional a la Xunta para ingresar al pequeño en el centro de menores de A Carballeira y seguir una dieta pautada por endocrinos para solucionar los problemas de obesidad que ya le han causado, supuestamente, varias insuficiencias respiratorias durante los últimos años.
En cuanto al absentismo escolar, la Fiscalía valoró su inclusión como delito en la acusación contra Luis y Margarita, los padres del niño, argumentando la "gran cantidad" de partes de ausencias al colegio, presentadas por la dirección del centro en Educación, siguiendo el protocolo firmado en 2008 entre la Fiscalía de Menores y el ayuntamiento ourensano de informar mensualmente de las ausencias de los alumnos de etnia gitana.
El abogado de la familia, José Manuel Rodríguez, señaló también esta semana que respetarían la decisión del fiscal jefe, pero que la inclusión de un delito de abandono de menores la creen "precipitada". Argumentó que esta acusación "no ayuda a los que les corresponde la tarea de intentar solucionar esta problemática".
Finalmente, las mismas fuentes de la Fiscalía anunciaron que el escrito de acusación se centrará en un supuesto delito de desobediencia por "no acatar" los progenitores las órdenes del juez de Instrucción y de la Xunta, además de tener en cuenta la situación de absentismo escolar.
