La Iglesia católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín, según reveló ayer un informe elaborado por una Comisión presidida por la juez Yvonne Murphy.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto presentado por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el "prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos".
El documento, de 700 páginas fruto de tres años de investigaciones, ha visto la luz con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, al tiempo que se ha eliminado toda referencia -mediante la utilización de seudónimos- a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos. Asegura que la política y tácticas ocultistas de la Iglesia se pueden resumir bajo la frase de tintes mafiosos "no preguntes, no hables", un encubrimiento que, según el texto, fue facilitado por las estructuras y reglas de la Iglesia Católica.
En cuanto a las autoridades estatales, el informe explica que "facilitaron el silencio al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual", permitiendo a las instituciones de la Iglesia mantenerse "fuera del alcance del proceso legislativo normal".
La Comisión investigadora de la Archidiócesis de Dublín ha examinado las acusaciones de 450 personas presentadas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de 19 miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.
El purpurado llegó a acudir a los tribunales para impedir la entrega de unos 5.000 documentos archivados durante su ejercicio al frente de la Archidiócesis, petición que le fue denegada y, cuando fueron abordadas las denuncias por maltratos sexuales, Connell estableció en dos ocasiones juicios secretos bajo los términos de la Ley Canónica, según el informe.
Aunque la Comisión no halló pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Archidiócesis, detalló varios casos similares a los recogidos en el llamado Informe Ryan del pasado mayo, que destapó un cuadro de abusos físicos y psíquicos contra miles de niños en centros educativos públicos gestionados por la Iglesia, que ha obligado a los servicios irlandeses de ayuda a las víctimas a redoblar sus recursos para afrontar una posible avalancha de llamadas.
