Tras varias semanas de espera, la Consellería de Educación ha decidido deshacerse anticipadamente de al menos 190.000 libros de texto de Matemáticas, Física y Química y Tecnología en gallego adquiridos por el bipartito a los que todavía les quedaba una vida útil de dos años. Esta decisión, en consecuencia, obligará a los padres de 130.000 alumnos a tener que comprar nuevo material didáctico para el próximo curso al no poder aprovecharse ya de la fórmula de gratuidad total impulsada por la Xunta anterior.

El motivo de esta resolución hay que buscarlo en el nuevo decreto del plurilingüismo que regula el uso de los idiomas en las aulas y establece la obligatoriedad de estudiar el próximo curso en castellano las asignaturas de, entre otras, Matemáticas, Física y Química y Tecnología. Para los alumnos de 1º, 2º, 5º y 6º de Primaria no supone ningún inconveniente porque los padres ya tienen que comprar todos los libros.

Pero el problema surge para el resto de los cursos: 2º y 4º de Primaria y los cuatro de ESO. En estos ciclos, en los que hay matriculados unos 130.000 alumnos, no hacía falta comprar ningún libro de texto porque en su día fueron pagados con fondos públicos por el bipartito y se heredan de un curso a otro. Además, ese material didáctico tiene una vida útil de cuatro años y solo había consumido dos, por lo que le quedaban otros dos.

Pero sucede que los libros de Matemáticas, Física y Tecnología están en lengua gallega y el nuevo decreto exige que sean en castellano, por lo que la Consellería de Educación ha decidido finalmente desechar los libros del bipartito y obligar a los padres a comprar el nuevo material en castellano.

Según fuentes de la Asociación Galega de Editores, la medida de la Xunta supondrá a las familias un desembolso mínimo de 3,8 millones de euros, pues cada libro sale a venta por unos 20 euros la unidad.

Durante dos semanas, Educación sometió a una reflexión interna la posibilidad de dar continuidad a los libros adquiridos por el bipartito. Pero eso supondría introducir una excepción en el cumplimiento del decreto del plurilingüismo, pues se tendría que permitir impartir en gallego tres asignaturas que están asignadas al castellano. A favor de esta opción pesaba el argumento de la crisis económica y de las políticas de austeridad que promueve la Administración autonómica, pues no se entendería que hubiese que tirar a la basura miles de libros comprados con dinero público. Sin embargo, finalmente se impuso la vertiente política, la de cumplir a rajatabla el decreto.

La Asociación de Editores considera la decisión de la Xunta buena para el sector, "pues mueve el mercado", aunque no le encuentra la lógica debido a la crisis y a las consignas que lanza el propio Gobierno para ahorrar gastos.

Aunque son 130.000 los alumnos matriculados en los cursos afectados por el cambio de idiomas en los libros de texto, como mínimo se deberán sustituir 190.000 manuales, porque si bien Matemáticas se imparte en todos los cursos, Física sólo es obligatoria en uno y Tecnología en dos. Pero seguramente serán muchos más, porque ahora cada centro tendrá que repartir las materias para que el número de horas en castellano y en gallego sea igual.

Los libros hay que cambiarlos porque la Xunta no admitirá excepciones en el cumplimiento del decreto y eso obligará a los padres de 130.000 alumnos a comprar nuevos libros en castellano. Pero al menos podrán acceder a subvenciones de la Consellería de Educación, aunque sólo por el importe del libro. En todo caso, la Xunta no ha aumentado los fondos disponibles (8,5 millones de euros), aunque sí lo ha hecho el número de eventuales beneficiarios.

El departamento que dirige Jesús Vázquez prepara por eso una segunda orden de ayudas para dar cabida a los padres que se han visto obligados a sustituir los libros que en principio iba a ser gratuitos para dar cumplimiento a la asignación lingüística. Las condiciones para solicitar la ayuda serán disponer como máximo de unos ingresos anuales por miembro familiar inferiores a 9.000 euros.

Por otra parte, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, estimó ayer que las familias de "aproximadamente unos 23.000 alumnos" tendrán que responder a la pregunta sobre la lengua materna de sus hijos en Educación Infantil, cuyo cuestionario se hizo público el miércoles y servirá para determinar el idioma predominante en el aula. "Tendría que responder todo el mundo, porque es una cuestión aparejada a la propia matrícula", consideró el responsable autonómico en declaraciones a los medios. De este modo, confió en que participen "el 100% de los padres de hijos de tres años", que "por primera vez entran en proceso educativo".

El departamento autonómico remitió instrucciones y cuestionarios a los centros educativos con el fin de dar cumplimiento a uno de los apartados que señala el nuevo Decreto 79/2010 del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria.