Acompañada por su equipo, dado la envergadura de la denuncia formulada por el Gobierno central, la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, reivindicó ayer la "legalidad" del catálogo priorizado de medicamentos en todos sus aspectos y tachó el acuerdo del Consejo de Ministros de "decisión política". Pero hubo más acusaciones, como que el Ejecutivo actúa con "total incoherencia", que solo busca "penalizar" a Galicia y que, como "conclusión preocupante", se ha situado de parte de la industria farmacéutica y en contra de los intereses generales. "El Gobierno coincide en sus argumentos con los expuestos por la industria farmacéutica, que defiende sus intereses y sus beneficios económicos. Se ha situado a la par de las manifestaciones del sector farmacéutico", censuró la conselleira de Sanidade.

Farjas se rodeó de todos los altos cargos de sus departamento para dar la réplica al acuerdo del Consejo de Ministros. La ocasión la merecía porque, explicó, el Ministerio de Sanidad incurre en un "claro ejemplo de incoherencia" al ir contra la medida "más eficaz de España" para recortar el gasto farmacéutico cuando el propio Gobierno, a través de su secretario de Estado de Hacienda, o el Informe Bernat Soria apostaron aún esta misma semana por tomar medidas de contención para garantizar la viabilidad del actual modelo sanitario en toda España.

"¿Por qué recurren ahora el catálogo?", se preguntó la conselleira, para acto seguido dar ya la respuesta: "Porque se aplica con normalidad y está funcionando y porque alguien teme que la misma medida se aplique en otras comunidades autónomas".

En esta línea, Farjas añadió que en el momento más decisivo para la futura viabilidad del sistema, el Ministerio de Sanidad es el "gran ausente" y encima trata de echar por tierra la medida que ha tomado Galicia y que defiende el interés general de los gallegos y de los españoles. "Es imposible que desde la responsabilidad y el conocimiento del sistema se pueda estar en contra del catálogo", se asombraba la conselleira.

Según expuso, la Xunta está dispuesta a seguir negociando con el Gobierno, pero también tiene claro que seguirá adelante con la aplicación del catálogo mientras el Tribunal Constitucional no le comunique que debe paralizarlo. Aún el pasado jueves Farjas remitió una segunda carta a la ministra, Leire Pajín, para retomar las conversaciones, pero no tiene muchas expectativas en la propuesta porque, dijo, hasta ahora sólo hubo dos reuniones entre la Xunta y el Ministerio, ambas de carácter técnico, propuestas por el Sergas y sin que por parte de Madrid dieran respuesta alguna a las aclaraciones formuladas. Pilar Farjas, quien desconoce aún el argumento jurídico que empleará el Gobierno para llevar el catálogo al Constitucional, negó las acusaciones realizadas ayer por el Ejecutivo, como que se invadan competencia del Estado o se excluyan 427 medicamentos. "Es una interpretación falsa", reprochó.

El 4 de febrero de 2010, hace justamente un año, el Consejo de Estado tumbaba con su dictamen la ley de cajas gallega y el Gobierno iniciaba así la presentación del recurso contra la normativa gallega que, en varios puntos de su articulado, chocaba con la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (Lorca). Transcurridos doce meses desde este episodio de inconstitucionalidad, por el que el Estado consiguió suspender la aplicación de los artículos de la normativa autonómica de cajas al comprobar que invadían competencias del Estado, el esquema se repite. En esta ocasión, con la ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico, que crea un catálogo propio de medicamentos para Galicia al margen del estatal, financiando solo los fármacos más baratos, en su mayoría genéricos, y eliminando los medicamentos de marca. El objetivo del Gobierno central es que la Xunta retire su nuevo catálogo de medicamentos.