Durante el año pasado se dictaron en Galicia 1.365 órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia machista, lo que supone casi un 20% menos que las registradas en 2009 -cuando ascendían a 1.696-. Así lo confirman las estadísticas recogidas en el Punto de Coordinación dependiente de la Secretaría Xeral de Igualdade. No obstante, esta caída tiene que ver menos con un descenso en el número de agresiones como con la crisis, que condiciona que muchas mujeres se lo piensen dos veces antes de poner una denuncia a su pareja.

Así lo señalaron tanto la secretaria xeral de Igualdade, marta González, como el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José Freire, durante la presentación de la segunda edición de los cursos de autoprotección para mujeres maltratadas. La representante de la Xunta indicó que el descenso -que también se produjo en 2009 con respecto a 2008- "no es casual", sino que debe atribuirse a la crisis "económica", que provoca que "algunas mujeres se retraigan a la hora de presentar una denuncia".

Con dicho diagnóstico coincidió el representante de los agentes de policía, para quien la crisis "conlleva la ralentización en la denuncia de la mujer". "Si al problema de convivencia se le añade el de subsistencia", indicó, "la mujer prioriza el segundo". Al respecto, realizó un llamamiento para que las mujeres denuncien. "Si no tenemos denuncia, malamente podemos hacer algo", declaró, aunque reconoció que "hay pocos recursos humanos" dedicados a la violencia de género. "Deberían ser muchos más", señaló, "porque es imposible que un policía tenga un control exhaustivo sobre decenas de casos".

Además criticó que la "evaluación del riesgo" de cada caso "no es cien por cien fiable" porque la realiza un policía con "un programa preestablecido en un ordenador". "Creo que hay que cambiar ese mecanismo", demandó, "porque los criterios pueden variar de una mujer a otra y un juez no puede fijarse solo en esa evaluación".

Respecto a las órdenes de alejamiento dictadas durante el año pasado, la gran mayoría, se concentra en las provincias más pobladas, A Coruña -con 528- y Pontevedra -con 458-, mientras que en Lugo se dictaron 206 y en Ourense, 173. En esta última provincia, además, no está activada ninguna pulsera telemáticas, para seguimiento de agresores, mientras que las 16 que sí lo están se reparten igual entre el resto de Galicia: 6 en A Coruña, 5 en Pontevedra y 5 en Lugo.

La Xunta también proporcionó datos sobre las mujeres que se benefician del denominado salario de la libertad.

Durante el año pasado, esas ayudas se concedieron a 369 mujeres, la cifra más alta desde 2006. El 83% de las beneficiarias son españolas y, en el 37,7% de los casos, no tienen ningún hijo a su cargo. La mayor parte de ellas tienen entre 36 y 40 años o entre 31 y 35. Además, se beneficiaron de las ayudas de pago único un total de 28 mujeres.

En la mitad de las llamadas realizadas al Teléfono da Muller éstas pedían atención psicológica. En el programa de atención psicológica a las víctimas de la violencia de género, se atendió en 2010 a 376 mujeres.

En el lado opuesto, al programa "Abramos o círculo", cuyo objetivo es asistir a los hombres agresores, se apuntaron 64 varones, también la cifra más alta desde 2006.

El Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordaron el pasado mes de junio de 2010 limitar el acceso automático al servicio de teleasistencia para las mujeres víctimas de violencia machista, según informó la directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, con motivo del asesinato de la última mujer en esta provincia a la que se denegó la medida, a pesar de reunir los requisitos.

"En estos momentos, para garantizar una atención de calidad con los recursos de que disponemos, no es posible incrementar el número de usuarios, por lo que las altas no serán efectivas automáticamente. Tampoco se efectuarán altas excepcionales", reza la circular del Ministerio y la FEMP, fechada el 25 de junio de 2010, facilitada a los medios.

Del Corral contestó así a las declaraciones del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que aseguró el pasado martes que la denegación del servicio a Susana G.A., de 37 años, no llegó a tramitarse por defectos de forma por faltar algunos datos.

Según la directora de Igualdad del Consistorio malagueño se presentó "toda la documentación requerida, por lo que se tramitó, y fue denegada por la comisión de seguimiento del Ministerio de Igualdad y la FEMP".

Por su parte, Lorente, afirmó ayer que la información facilitada a los medios desde la alcaldía de Málaga está "manipulada" porque, según aseguró, no es cierto que se restringieran las altas en el servicio de teleasistencia, ya que durante ese trimestre se sucedieron hasta 821 en toda España.