El Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa) analizará el ADN de las cacas de los perros no recogidas de la vía pública para identificar y sancionar a los propietarios de los canes, que deberán hacerse cargo del coste de las pruebas y abonar también una multa.

Esta medida se incluye en la nueva ordenanza municipal que regula la tenencia de animales en Hernani, publicada hoy en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, que fue aprobada ayer en un pleno con los votos a favor de ANV, que gobierna la localidad, y de EB, y la oposición del resto de partidos.

La normativa precisa que esta identificación genética, que corre a cargo del bolsillo del dueño del perro y que podría costar, al parecer, entre 35 y 75 euros, permitirá identificar al propietario del can cuyas heces estén abandonadas en la vía pública.

La Policía Municipal será la encargada de tomar una muestra de la caca abandonada, siguiendo un protocolo de recogida establecido por el banco de ADN de la Universidad del País Vasco, que será después analizada y cotejada con las muestras existentes.

Todos los gastos ocasionados para la identificación del can correrán a cargo del propietario infractor, que deberá además abonar una multa que oscila entre los 60,10 y los 300,50 euros, idéntica a la que se impondrá a los ciudadanos que se nieguen a hacer las pruebas de ADN a sus mascotas.

Fuentes de la Guardia Municipal han indicado a Efe que todavía no han recibido ninguna comunicación sobre sus nuevas funciones, aunque han comentado su disposición a desempeñar todas las tareas que les sean encomendadas dentro de su turno de trabajo.

El Ayuntamiento de Hernani, por su parte, precisó que los vecinos pueden empezar ya a realizar dichas pruebas de identificación genética una vez que la normativa fue publicada, ayer, en el Boletín Oficial de la provincia, aunque todavía no se han establecido unos plazos máximos para hacerlo.

La iniciativa ha generado cierta polémica en este municipio guipuzcoano ya que, según denuncian algunos dueños de perros, la normativa anterior ya preveía sanciones para los propietarios que no recogieran estos excrementos y no se ha interpuesto ninguna en 30 años con los que consideran que esto es pasar del "blanco al negro".

También hay vecinos a favor de una medida, que acarreará un coste para las arcas municipales, pero que prevé reducir sustancialmente los excrementos.