El secretario de CIG_Ensino, Anxo Louzao, ha entregado esta mañana en el registro general de la Xunta los documentos con 3.512 firmas de profesores que se han manifestado contra la ley de convivencia en las aulas.
Louzao afirmó, en declaraciones a los periodistas, que la ley elaborada por la Consellería de Educación "es perniciosa" para el idioma gallego, y aseguró que la norma "tiene como objetivo aminorar la presencia del gallego en la enseñanza".
Por ello, ha exigido la retirada de la ley y la apertura de un proceso de negociación y participación, ya que, dijo, no ha tenido el beneplácito del Consejo Escolar de Galicia ni del profesorado y los sectores afectados.
En opinión del sindicalista, se trata de una ley "importada" de la Comunidad de Madrid y "una copia de la parte más extrema del Partido Popular".
Anxo Louzao consideró que la ley de convivencia va a suponer "una mayor conflictividad" en los centros de enseñanza y dijo que "no busca soluciones educativas ni formativas".
Calificó al Partido Popular como "el campeón de la mentira y de la demagogia", y le responsabilizó de hacer "la ley y la trampa", al indicar que solo el Parlamento, donde los populares tienen mayoría, puede recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
Para el responsable sindical, el texto no aporta propuestas para combatir el fracaso escolar; al contrario, consideró que "continuará aumentando", y añadió que los problemas de convivencia son abordados desde una perspectiva exclusivamente coercitiva y represiva, rechazando la educativa y formativa".
En cuanto al profesorado, el responsable de CIG-Ensino dijo que el texto legislativo no valora el trabajo del profesorado, al ser obligados los docentes a impartir materias de las que no son especialistas o prohibirles dar clases en lengua gallega, entre otras cosas.
Por el contrario, la CIG demanda una ley que responda a las necesidades que según este sindicato tiene el sistema educativo gallego.
Entre estas peticiones, la CIG solicita que se incremente la inversión en la enseñanza pública hasta un 7% del PIB, facilitar la formación del profesorado, reforzar las tutorías y que se cree un estatuto del profesor.
