El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición de ley en el Congreso para dar participación a las comunidades autónomas en la prestación farmacéutica, tanto en su contenido como en la financiación y en la fijación de precios de los medicamentos.
Dicha propuesta, que ha sido aprobada por la Mesa de la Cámara Baja y se tomará en consideración en el pleno de hoy, obedece a la "errática" política que, según el PP, ha mantenido el Gobierno en materia de prestación farmacéutica y fijación de precios de referencia.
Según recuerdan los populares, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en 2003 ya preveía la participación de las comunidades en la fijación de los precios de los medicamentos sujetos a financiación pública.
El PP recuerda, sin embargo, que "durante los últimos siete años no se ha desarrollado una política farmacéutica coordinada ni se han puesto en marcha las medidas adecuadas de participación real de las comunidades", lo que ha llevado a algunos gobiernos autonómicos a adoptar "medidas adicionales" con el objeto de racionalizar el uso de los medicamentos ante la actual crisis económica, como el catálogo gallego de medicamentos que el Ministerio de Sanidad ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
"Se camina hacia diecisiete modelos farmacéuticos poniendo en cuestión la cohesión territorial", reza el PP en la exposición de motivos de dicha iniciativa, en la que califica de "dispersas, heterogéneas y contradictorias" las medidas tomadas por varias comunidades.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular pide que todas ellas puedan "participar en las decisiones relativas a la definición del contenido de la prestación farmacéutica, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la Comisión de Farmacia y del Consejo Rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Además, reclama que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad informe a las comunidades autónomas "con suficiente antelación" de las decisiones e iniciativas que se proponga adoptar en esta materia.
En su proposición de ley, los populares piden también que el departamento de Leire Pajín presente ante la Comisión de Sanidad un balance de las 67 medidas previstas en el I Plan Estratégico de Política Farmacéutica.
La coordinadora de Participación Social del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, propuso ayer una "inexorable reforma estructural" del sistema sanitario español, basada en la "optimización y eficiencia" en la gestión de los recursos humanos y materiales, que permitiría reducir un 25% el coste sanitario sin recurrir al copago.
"Yo no he defendido nunca ni defenderé el copago, porque penaliza a los enfermos", afirmó Pastor tras participar en un curso sobre responsabilidad sanitaria organizado por la Universidad Menéndez Pelayo en A Coruña.
La también vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso insistió en la necesidad de reforma el modelo actual de gestión sanitaria para adaptarlo a los "enfermedades crónicas" que caracterizan a los pacientes "del siglo XXI".
Esta reforma tendría como medidas prioritarias la reorganización de la atención a los pacientes, de manera que todas las pruebas pertinentes puedan realizarse en la misma visita, y la recuperación y desarrollo de la denominada ley Pastor, impulsada durante su etapa al frente del Ministerio.
Pastor recordó que esta ley, que imponía un precio de referencia a los medicamentos una vez vencido su periodo de patente, habría permitido ahorrar al Estado 1.500 millones de euros anuales.
La coordinadora de Participación Social del PP alabó de nuevo la gestión sanitaria del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien "ha rescatado" los principios de esta ley y promovido un catálogo priorizado de medicamentos, un modelo que Pastor avaló para toda España.
La ex ministra desgranó otras de sus propuestas como la creación de un registro único de profesionales, de un centro documental de información clínica y, sobre todo, la elaboración de un plan estatal de recursos humanos.
Pastor apostó por reorganizar el sistema actual de trabajo vinculando la retribución al rendimiento personal, de la unidad, del centro y del propio sistema nacional de salud.
El curso, dirigido por el catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC) Domingo Bello Janeiro, e inaugurado por el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y el presidente de la Diputación, Diego Calvo, contó además con la intervención del también exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, quien rechazó también la implantación del modelo de copago.
