El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo máximo de dos meses a la Generalitat para que adapte su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, aseguró ayer que el Govern recurrirá esta sentencia y se muestra convencida de que no será necesario cambiar el modelo actual.
El auto del TSJC fija un límite para que la Generalitat cumpla la sentencia de diciembre pasado, en la que el Tribunal Supremo estableció que el castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas igual que el catalán. El pasado mes de junio, el alto tribunal catalán requirió al Departamento de Educación que le informara en el plazo de diez días de las concretas medidas que había adoptado para cumplir la sentencia del Supremo. Irene Rigau, envió entonces al TSJC un escrito con datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en la educación que concluía que para "garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales" al finalizar Secundaria, es necesario continuar con el actual sistema.
Enseñanza argumentaba también en su escrito que el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana no permite el cambio del modelo educativo actual. Para el Tribunal, dicho escrito "resulta insuficiente" para considerar cumplido el fallo del Supremo, por lo que insta a la Generalitat a aplicarlo y le concede un plazo de dos meses. Ahora, la consellera cree que no será necesario llegar a aplicar lo que recoge la nueva resolución, una vez que se remita nueva información sobre los beneficios del actual modelo lingüístico en las aulas catalanas.
