La Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra (Afesin) advirtió ayer de que los doce centros miembros de esta entidad, que cuentan con casi 1.100 alumnos de 0 a 3 años, "tendrán que cerrar" si la Xunta no les paga "inmediatamente" los cerca de 600.000 euros que les debe "desde principios de año".

Desde la Asociación se denuncia que la situación es "extrema", que algunos trabajadores llevan varios meses sin cobrar y que los centros "están a unas semanas de no poder pagar la luz, el agua o el material que necesitan para trabajar". Ante esto, la presidenta de la entidad, María del Carmen Pérez sostiene que "no quedará más remedio que cerrar las escuelas".

Las escuelas infantiles han comenzado una campaña divulgativa para informar de la situación a las familias de los niños matriculados, con el objetivo de que conozcan la "asfixia" a la que están siendo "condenadas" por la Consellería de Traballo e Benestar.

Afesin hizo público también el rechazo de sus asociados a la solución propuesta por un responsable de la Consellería, de cobrar varias mensualidades por adelantado a los padres, para poder financiarse mientras no reciban el dinero adeudado por la Xunta.

Las escuelas infantiles de iniciativa social son centros privados que carecen de ánimo de lucro y que no pueden tener beneficios empresariales. Según informa Afesin, cubren sus gastos de funcionamiento con las cuotas que pagan las familias y con la subvención que perciben de la Consellería de Benestar.

Al "impago" que denuncian los miembros de la Asociación, se suma otra problemática más. Desde el año 2002, sostienen, los precios que la Consellería permite cobrar a las familias están congelados, pero los gastos de funcionamiento han subido y "el dinero que cada centro recibe de la Xunta por la subvención se ha reducido". La Asociación pide que se les permita incrementar el IPC correspondiente a las cuotas de los padres.

En su comunicado, la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra concluye que "fruto de la situación que atraviesan los centos, la dejación de funciones que ejerce la Administración gallega en educación la están pagando los trabajadores de los centros, que son los que financian con su dinero lo que su Gobierno autonómico debería pagar".