El caso de Nemesio Antonio Pisonero, el preso de Ourense que mató a su mujer y a un hijo en 1998 en Valladolid y que cobra la pensión de viudedad desde entonces, sigue generando reacciones. La última, la del secretario de Estado de Seguridad Social en funciones -dependiente del Ministerio de Trabajo-, Octavio Granado, que aboga por la retroactividad de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004 para que ningún condenado por asesinar a su pareja, como es el caso del profesor que en la actualidad cumple el tercer grado penitenciario en la prisión de Ourense, pueda beneficiarse de la prestación de viudedad aunque haya cometido el delito antes de la aprobación de la norma.

"Nadie puede beneficiarse de la comisión de un hecho delictivo", afirmó Granado al hablar del caso de Nemesio Antonio Pisonero. Este hombre percibió durante los últimos trece años la retribución por viudedad a través del régimen de clases pasivas, el sistema de pensiones de los empleados públicos, que gestiona el Ministerio de Economía y Hacienda, que esta semana encargó un informe jurídico a la Abogacía del Estado.

Fuentes de este ministerio señalaron que hasta conocer este estudio, y saber si existe alguna herramienta legal que permita retirarle la prestación, no puede hacerlo ya que la sentencia firme del condenado es anterior a la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista. Otra norma que se analizará es la orden ministerial de 1967 que regulaba las pensiones de viudedad y establecía que la prestación se extinguiría si el beneficiario es condenado en firme por la muerte del causante de dicha prestación.

Concretamente sobre la Ley Integral de Violencia de Género, ésta impide que los asesinos hereden de su mujer o cobren una pensión de viudedad. El problema es que no tiene efecto retroactivo y solo puede aplicarse a las sentencias firmes dictaminadas tras la aprobación de la norma en 2004. Sin embargo, Granado señala que antes de esa fecha hay un "periodo de sombra" del que aún en la actualidad se discute "con escasa jurisprudencia" al respecto sobre si la ley puede tener carácter retroactivo: "Nosotros entendemos que sí lo tiene".

El secretario de Estado de Seguridad Social aseguró que en 2007 se creó una base de datos con sentencias de violencia machista dictadas a partir de 2001 y una aplicación informática que cruza datos para comprobar que los solicitantes de las prestaciones no están condenados por esos delitos. En este sentido, aseveró que "con toda seguridad" no hay penados tras esa fecha beneficiarios de pensiones de viudedad y, si los hay, serían "casos muy puntuales" y por "un error humano o material".

El caso de Pisonero no es el único que se ha conocido en fechas recientes. El suyo se une al de Llorenç Morrell, condenado en 2005 a 18 años de prisión por haber matado a su esposa en Sils (Girona) y que por un error administrativo de la Seguridad Social también cobró durante seis años una pensión de viudedad. Ante estas situaciones, el secretario de Estado en funciones reiteró que "se va a intentar mantener el principio de que nadie se pueda beneficiar de cometer un delito y menos todavía de uno contra la salud o la vida de las personas".