Organizaciones de profesionales de la salud y ONG españolas e internacionales han pedido a los grupos del Congreso que voten en contra del artículo del real decreto-ley de reforma sanitaria que restringe la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. En una declaración conjunta, cerca de una treintena de organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Permanente de Médicos Europeos o Cáritas Europa aseguraron que si el Parlamento aprueba hoy el real decreto-ley se creará un "sistema de salud paralelo".
Según sus cálculos, si se aprueba la reforma, unas 150.000 personas se quedarán sin recibir servicios de salud preventivos y curativos "esenciales" y "obligará" a los médicos a seleccionar a sus pacientes según su condición de inmigración, en lugar de su estado de salud.
En este sentido, apuntan a que "todos los pacientes tienen derecho a recibir atención y tratamiento para satisfacer sus necesidades clínicas" e insisten en que la obligación de atender a una persona enferma "no puede ser revocada por su estatus migratorio".
Las organizaciones subrayan que España si aprueba el real decreto "violará" sus obligaciones internacionales de derechos humanos y el principio de realización progresiva de los derechos sociales.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió en el Congreso la reforma sanitaria impulsada por su departamento con la que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y avanzó que, pese a ello, este colectivo "tendrá derecho a más prestaciones que en otros países". La ministra recordó que el objetivo es poner "control" y evitar abusos en el sistema sanitario.
