El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antón Reixa, garantizó ayer que la entidad no cobrará derechos de autor por actividades formativas de centros escolares y en conciertos solidarios.
En una entrevista con Efe, Reixa, que fue elegido presidente de la SGAE el pasado día 8, aseguró que la entidad se pone "al servicio de la ciudadanía", eso sí, defendiendo siempre lo que considera legítimo que es el salario social de los autores. "Es una fortuna ser titulares de un patrimonio autoral, que nos permite hacer algo por la sociedad; lo queremos hacer bien", insistió Reixa, quien destacó la necesidad de que la entidad tenga la sensibilidad suficiente para detectar situaciones en las que se precisa de su solidaridad "e intervenir en ellas para aportar algo".
Como ejemplo de esta nueva filosofía de la SGAE, tras los años en los que la institución fue dirigida por Eduardo Bautista, su nuevo presidente se refirió al concierto solidario que están promoviendo para ayudar a una cantante cubana que perdió un brazo en un accidente en Madrid. Reixa aseguró, no obstante, que la SGAE intervendrá en las acciones de este tipo cuando tenga la "absoluta garantía de que es una solidaridad eficiente y bien gestionada".
El presidente de la SGAE también precisó que este compromiso es de los autores y que se dan casos como que, aunque haya una cesión solidaria del trabajo de un cantante como intérprete, no la haya de los derechos del repertorio que puede cantar que no es de su autoría.
Para hacer frente a las polémicas surgidas durante los últimos años por la forma de recaudación de la SGAE, Reixa anunció que se dotará de un "manual de buenas prácticas" a su red de comerciales, unos 170 profesionales que, aunque son los que están en contacto con la sociedad, son autónomos y están fuera de su estructura laboral. "Lo que establece la ley es la obligación de pagar el derecho de autor, pero cómo y cuánto se paga es un pacto libre entre la SGAE y el ciudadano. Es en ese terreno donde vamos a actuar", enfatizó.
El presidente de la SGAE explicó que, por ejemplo, será muy diferente la gestión que haga la entidad con grandes cadenas de peluquerías con franquicias en toda España que la que se realice con una pequeña peluquería en un pueblo, casos estos últimos en los que la entidad aspira también a dar un servicio con valor añadido mediante hilos musicales o plataformas legales de músicas.
Otro cambio puesto en marcha por Reixa desde su llegada a la presidencia de la SGAE ha sido enterrar el "hacha de guerra" con la Asociación de Internautas, de tal forma que ambas entidades acometerán conjuntamente una campaña de divulgación sobre la compensación por copia privada que sustituye al desaparecido canon digital. El presidente de la SGAE muy crítico con la decisión del Gobierno de incluir esta compensación en los Presupuestos Generales del Estado.
Reixa también garantizó que la entidad será transparente y estará completamente abierta a la tutela por parte del Ministerio de Educación y Cultura: "Queremos que nos tutelen", afirmó el presidente de la SGAE, quien añadió que esta labor no se ejerció bien por parte de los anteriores gobiernos durante el mandato de Bautista.
El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la suspensión cautelar del decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano que puede interrumpir el servicio de páginas de internet que atenten contra los derechos de propiedad intelectual, según un auto notificado ayer.
La Asociación de Internautas recurrió esta norma ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo y pidió su suspensión cautelar hasta que existiera una decisión judicial que la avalara. La citada comisión, que comenzó su andadura hace casi tres meses, ha recibido más de 300 solicitudes de intervención por parte de titulares que consideran vulnerados sus derechos de propiedad intelectual en páginas de internet.
La Asociación de Internautas impugnó esta norma por considerar que atribuye a un órgano administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) competencias asignadas por ley a los jueces.
Asimismo, la asociación considera que la regulación establece "infracciones difusas y sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos" como, por ejemplo, las libertades de expresión e información.
