Noelia V.G., la acusada de sedar a nueve bebés en la guardería de Vigo donde trabajaba, estaba a tratamiento psiquiátrico desde 2006, situación en la que se encontraba cuando fue contratada en la escuela infantil en 2010 y sucedieron los hechos por los que se sienta en el banquillo. De este modo lo confirmó ayer en el juicio su médico de cabecera, quien reveló que la joven sufría un trastorno de tipo ansioso-depresivo y que era objeto de seguimiento por parte de varios psiquiatras. "Llevaba años tomando esa medicación", señaló la doctora en relación al Trankimazin, uno de los fármacos que le recetaban y que fue el que se detectó en los menores afectados.

Los testimonios escuchados a lo largo del juicio revelan que la acusada sufrió problemas personales y de salud. La médica de la joven confirmó que desde 2006 seguía tratamiento psiquiátrico. Durante ese período la acusada estuvo en varias guarderías, la última la escuela infantil A Camelia, donde empezó a trabajar el 22 de febrero de 2010. Las sedaciones se descubrieron el 12 de marzo. La sanitaria explicó que además del Trankimazin, indicado para crisis agudas, también le recetó alguna vez Alapryl, "ansiolítico de mantenimiento". "Podía adaptar la dosis diaria según cómo se encontrase", afirmó. También señaló que aunque ella estaba de baja en febrero de 2010, la paciente tenía reservadas, vía receta electrónica, cajas de Trankimazin, de las que retiró tres en la farmacia el 6 de marzo de 2010, días antes de descubrirse las sedaciones. Tras el registro en su vivienda, se descubrió que faltaban diez de las pastillas. La acusada alegó en el juicio que se las tomó ella.

En la jornada de ayer también declararon varios médicos que asistieron a los bebés en Urgencias del Hospital Xeral. Una de ellas, la que atendió el 12 de marzo al primer niño que ingresó, que fue el que tenía los síntomas más graves. "Llegó muy dormido y poco reactivo, con palidez cutánea y no se mantenía erguido; estaba mal aunque no para que se produjese una muerte inminente", señaló la facultativa.

Por otra parte, una técnica de la Consellería de Benestar reveló ayer que el aula en el que trabajaba la acusada carecía de la autorización administrativa necesaria cuando acudió a realizar una inspección pocos días después de las intoxicaciones. Según esta experta, las aulas no pueden abrirse hasta obtener el permiso.